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Buscan castigar acciones ilegales de acreedores de deudas

Diputados
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El proyecto de ley “Que regula los requerimientos de deudas extrajudiciales ilegales”, aguarda ser analizado en las comisiones de Asuntos Constitucionales; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo y; Legislación y Codificación.

 

El documento, presentado por el diputado Miguel Tadeo Rojas, tiene como objetivo instituir como delito el requerimiento ilegal de deudas, de manera a evitar que ninguna persona pueda hacerse justicia por sí misma o a través de despachos especializados que es, últimamente, la modalidad cotidiana.

“El cobro de deudas en forma extrajudicial ha alcanzado picos de violencia nunca antes visto en nuestro país y está siendo ejercido de forma coercitiva, abusiva y hasta extorsiva. Hemos visto, en los medios de comunicación, que fácilmente son violados los derechos de estas personas, que si bien han incumplido alguna obligación, son reconocidas por nuestra legislación como sujetos de derecho”, dijo el diputado Rojas, al argumentar los motivos que lo impulsaron a presentar el proyecto.

La iniciativa, entre otras cosas, prohíbe a los acreedores particulares o a las entidades de cobro el envió al deudor de documentos que contengan mensajes ofensivos, obscenos, amenazantes o de amedrentamientos.

Igualmente, establece una veda a papelerías que simulen demandas o aparenten ser oficios judiciales, lo mismo que correspondencias con leyendas exteriores, o a la vista, que mencionen que el comunicado trata de una cobranza.

“Este tipo de acciones son muy comunes y ponen en entredicho la dignidad de los deudores. Hay que tener en cuenta que las gestiones tendientes al cobro extrajudicial, tal como se establece en este proyecto, en ningún caso afectarán la dignidad de las personas deudoras, la privacidad en el hogar ni en el trabajo, salvo aquella comunicación oficial de posibles acciones legales y consecuencias jurídicas que implica la deuda impaga”, señaló Rojas.

El requerimientos de deudas extrajudiciales Ilegales, a los efectos de esta disposición, se entenderá como el uso de la violencia o la intimidación, ya sea personal o a través de cualquier otro medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en las leyes.

 

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