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Buscan dotar de mayor competencia a los juzgados de paz

Diputados
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La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, sancionó y envió al Poder Ejecutivo para su consideración, el proyecto de ley “Que modifica el artículo 57 y amplía disposiciones de la Ley N° 879/81, Código de Organización Judicial”.

 

El presente proyecto busca aumentar las competencias actualmente concedida a los jueces de paz con la finalidad de otorgar mayor competencia jurisdiccional a esta instancia tan importante del Poder Judicial.

El diputado Eber Ovelar, uno de los proyectistas, manifestó que hasta el momento la mayoría de las competencias definidas a los juzgados de paz en el Código de Organización Judicial, son absorbidas por los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, lo que ha relegado a las instancias de paz a una función absolutamente subsidiaria, por no decir, casi nula, según sus expresiones.

“Lo que estamos haciendo es otorgar mayores facultades a los juzgados de paz, porque a partir de esta legislación la aplicación de la Ley 1100 “De violencia doméstica”, o la aplicación del artículo 70 del “Código de la Niñez y la Adolescencia”, corresponderán a los jueces de paz”, significó Ovelar.

El diputado Bernardo Villalba, otro de los proyectistas, significó que se allanan a las modificaciones que introdujo al documento la Cámara de Senadores. La Cámara Alta, recordemos, incrementó del 70% a 90% el salario de los jueces de paz con relación al salario de los jueces de primera instancia en lo civil.

“Con esta ampliación de la facultad de los jueces de paz, estamos abriendo las puertas de la justicia a la sociedad más empobrecida y más necesitada de la población, porque los jueces de paz van a poder administrar y resolver aquellos conflictos en los que hoy no pueden intervenir”, señaló.

El diputado Clemente Barrios, por su parte manifestó que la iniciativa es una lucha contra la morosidad judicial y para que se consiga la tan anhelada justicia pronta y barata.

La iniciativa fue apoyada por los diputados Milciades Duré, y Víctor Ríos, quienes expresaron que los juzgados de primera instancias están ubicados, preferentemente, en las cabeceras departamentales lo que dificulta, considerablemente, el acercamiento de la gestión judicial a la ciudadanía en general.

El proyecto fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

 

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