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Silva Facetti pidió informes sobre impactos de la ley que regula uso de tarjetas

Senado
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El Senador Fernando Silva Facetti presentó tres pedidos de informes al Ministerio de Hacienda, Banco Central de Paraguay e INCOOP solicitando estadísticas y análisis referentes al impacto que genera la aplicación de la ley 5476 que establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito.


El parlamentario explicó que la normativa establece mecanismos de protección al consumidor pero a su vez presenta una controversia en cuanto a la fijación de tasa de interés aplicadas a las operaciones con tarjetas de crédito.

Dijo que esta fijación de un “techo al tipo de interés ha impactado negativamente a un segmento de la población excluyendo a cerca 150.000 usuarios de menores ingresos, afectando la dinámica económica de los diferentes comercios que operan con tarjetas y arrastrando consecuencias en las estrategias comerciales de las entidades involucradas, que inciden en los hábitos de consumo de los usuarios.

Indicó así mismo que la Ley ha dado lugar al mayor desarrollo y apertura de nuevos negocios financieros menos controlados, como son las actividades de casas de crédito y prestamistas y lo más grave a oportunistas usurarios que operan en negro.

El Senador Silva manifestó que los informes servirán para realizar un estudio y evaluación técnica responsable para analizar las modificaciones que pudiera requerir ley, a fin de que la misma cumpla su función de proteger al consumidor, fomentar la inclusión financiera responsable y el sistema financiero.

“Los datos que nos envíen estas instituciones van a servir de base para un estudio y una evaluación responsable el análisis de los a los efectos de hacerla más eficiente en la protección de los usuarios que es el objetivo de la ley y que creo con un pequeño ajuste va ser suficiente, sin necesidad de hablar de derogación de la ley”, señaló el senador Fernando Silva.

Estas instituciones, es decir, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Paraguay e INCOOP tienen 15 días para responder al Senado sobre estos requerimientos.

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