Presentarán pedido de informes tras amotinamiento en Tacumbú

Luego de la revuelta de internos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que culminó con la muerte de seis presidiarios, el diputado Derlis Maidana, informó que presentará un pedido de informes al Ministerio de Justicia, acerca de cómo se utilizó la logística de unos G. 13.000 millones que fue prevista la Ley de Emergencia Penitenciaria, en el año 2019.

Indicó que, a su parecer, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, está realizando un buen trabajo pero que existen cuestiones fundamentales que deben cambiar dentro de la estructura del sistema penitenciario.

Para el congresista, penosamente, en la penitenciaría de Tacumbú no existe la división entre condenados y los prevenidos. Acotó que es “inadmisible” que reos manejen las cerraduras de algunos pabellones del penal, tal como aseguraron algunas fuentes.

“Es inadmisible que la cerradura de algunos pabellones manejen los internos; ahí me parece que hay una falla administrativa importante, en el sentido de que el Estado no puede dejar en ningún lugar una zona liberada; en este caso, el Ministerio de Justicia, debe velar para que las personas cumplan sus penas bajo seguridad”, afirmó el legislador.

El diputado Maidana señaló que esta situación interpela a todos los sectores y acotó que ya se otorgaron recursos desde el Congreso Nacional, pero que es necesario ver también los avances de esta situación.

“Lastimosamente hay procesos judiciales que llevan años y años; es una llamada de atención para todos, para la Defensoría Pública, Fiscalía, Poder Judicial y nosotros (Congreso Nacional) que ya aprobamos leyes de asignación de recursos para el mejoramiento del sistema penitenciario”, sentenció.

Recordemos que la Ley 6365, declaró en emergencia penitenciaria a todos los establecimientos penitenciarios del país, sean de varones, mujeres y centros educativos de menores, dependientes del Ministerio de Justicia.

En esencia, el documento amplió el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2019 para facultar al Ministerio de Justicia la construcción de establecimientos penitenciarios con regímenes de reclusión y de máxima seguridad.

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