Una mayoría de los miembros del Frente Parlamentario Contra la Corrupción y la Impunidad, presidido por la diputada Kattya González, nota mediante recomendó al plenario de la Cámara de Diputados que, en la sesión extraordinaria de fecha 04 de febrero, se aprueben los dos proyectos que van a ser objeto de tratamiento.
Se trata de la modificación de la ley conocida como de trazabilidad del dinero utilizado en campañas políticas, pretende que los partidos y movimientos políticos informen sobre financiamientos sospechosos, en tanto que los candidatos rindan cuentas de sus gastos e ingresos ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Por otro lado, el segundo proyecto, que reglamenta la declaración jurada de los funcionarios Públicos, pretende liberar la publicidad de las declaraciones juradas y, de esta manera evitar que entre en vigencia la ley el 7 de febrero próximo, que permitirá que solo con una orden judicial se pueda conocer dicha información.
“Consideramos que es un tema de capital importancia para el combate a la corrupción y la impunidad, habida cuenta los efectos devastadores de la corrupción política en nuestro estado de derecho”, dice parte del comunicado.
Estima, igualmente, importante que el que el Poder Legislativo asuma un activo protagonismo, mediante el cumplimiento de dos roles constitucionales reservado a este poder del Estado: función de contralores de los actos de los demás poderes del Estado y; permitir la sanción de leyes que otorguen las herramientas legislativas a los distintos organismos para hacer frente al flagelo de la corrupción.
“Estamos convencidos que las leyes a ser abordadas son absolutamente necesarias en materia de transparencia y combate a la corrupción e impunidad, además de enviar un claro mensaje a la ciudadanía que estamos en la línea de coherencia institucional en dos aspectos fundamentales para la consolidación de nuestra democracia”, expresa el comunicado.
Indica que la publicidad de las declaraciones juradas permitirá un mayor control al patrimonio de los servidores públicos, en espacial de aquellos que ocupan cargos de alta gerencia y representación.
Por otro lado, las modificaciones a la ley de Financiamiento Político, articularán potestades y sanciones legales a ser implementadas por distintos organismos del Estado para lograr la existencia de un efectivo control, tanto en las elecciones internas como en las generales sobre el dinero inyectado en las campañas políticas.
