La reactivación de la cumbre de poderes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de seguir avanzando en soluciones para el sistema penitenciario, que fue declarado en emergencia por el Poder Ejecutivo, fue planteada por el Ministerio de Justicia.
El objetivo es trabajar en uno de los aspectos fundamentales de la crisis en el sector: la depuración de las causas judiciales, señaló la ministra Cecilia Pérez. U n 75% de la población penitenciaria no cuenta con condena y están dentro del sistema por prisión preventiva o por el inicio de sus procesos.
Esta población penitenciaria sin condena no puede ser sujeta de las políticas de reinserción del Ministerio, indicó la ministra y es importante el rol del Poder Judicial para abordar la reforma del sistema.
Recordó que en la cumbre de poderes solicitada en junio del año pasado, tras los incidentes en la penitenciaría de San Pedro, se acordó una agenda con cuatro ejes principales, dijo en el espacio de #PyEn15.
El primero corresponde a la revisión de las causas, algo que Defensa Pública ha trabajado de forma exitosa, señaló.
Otro eje corresponde a los servicios de salud y educación que se prestan dentro de las penitenciarías, que permiten mantener la tranquilidad dentro de las cárceles, dijo la ministra. En tanto que los otros ejes acordados se refieren a aspectos de seguridad y trabajo coordinado con fuerzas públicas.
El Ministerio de Justicia ya presentó un plan de trabajo a la Corte Suprema y la notificación a las instituciones correspondientes para avanzar en soluciones para el sector y se aguarda que la Corte convoque a una nueva cumbre, puntualizó.
En cuanto al trabajo desde el Poder Ejecutivo, señaló que la construcción de nuevas penitenciarías si bien no da solución a la crisis dentro del sector, permitirá dejar sentadas las bases para una reforma.
Otro punto fundamental para el Ministerio corresponde a un instituto de formación profesional para el personal penitenciario, proyecto en desarrollo que la cartera de Justicia considera clave para disminuir los niveles de corrupción a partir de la experiencia en Brasil, país que ofreció su apoyo para este proyecto. Fuente: Ip