Con el objetivo de regularizar una decena de asentamientos en el Región Occidental, los proyectistas de la normativa solicitarán a las comisiones pertinentes que se pronuncien sobre el particular, apenas se reinicie el periodo legislativo, de manera a acelerar su discusión en plenaria.
Se trata de los asentamientos Nueva Asunción, San Ramón, 8 de Diciembre, Mártir Luisa, Belén, Aromita, 13 Tutyuti, La Victoria, La Esperanza, San Cayetano, Milagro karanda`yty y Sagrado Corazón de Jesús, todos ubicados en la finca N° 916 del distrito de Villa Hayes – Remansito.
La propuesta partió, a mediados de 2019, de la mano de los diputados Julio Enrique Mineur, Ángel Paniagua, Arnaldo Samaniego, Pastor Soria y Basilio Núñez y busca brindar seguridad a las familias residentes en la zona.
Los legisladores proyectistas, resaltan el deber del Estado de garantizar el acceso a viviendas dignas para todos los ciudadanos, más aún de aquellos que no pueden acceder a los sistemas de oferta del mercado.
«Es una brillante oportunidad para desarrollar en la Región Occidental, un proyecto integral que aborde el uso racional y la formalización de la tierra, el mejoramiento de la infraestructura vial», indica parte del documento.
Igualmente se habla de la importancia del sustento poblacional tras la regularización de tierras, por parte de las instituciones como los ministerios de Urbanismo; Agricultura y Ganadería; Educación; Salud entre otras dependencias estatales.
La regularización o formalización implica, según los proyectistas, la concepción, dentro del marco de una política pública social, de la implementación de programas de consolidación de núcleos poblacionales en la Región Occidental.
Lo que se prevé es una implementación combinada entre modalidades urbanas con sustento rural, con la finalidad de combatir la pobreza extrema de sus integrantes y el arraigo como nuevos polos de desarrollo, de modo a viabilizar las disposiciones de la Constitución Nacional.
Específicamente mencionan el artículo 100, en donde se establece que todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna y, el artículo 176, que habla de la promoción del desarrollo económico, social y cultural.
