La modificación del Proyecto de Ley que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas fue aprobado y sancionado por la Cámara de Diputados.
La cámara baja aceptó el texto de la normativa tal cual envió la Cámara de Senadores, con lo que se incrementa del 20 al 40% la preferencia que debe tener la producción nacional en los procesos de las compras públicas, como una manera de paliar el fuerte impacto económico que causó la emergencia sanitaria por Covid-19 en la economía nacional.
La normativa generó un extenso debate en donde se defendían posturas, la mayoría por la aprobación, pero con marcada diferencia entre la versión de la Cámara de Senadores y la versión de algunas comisiones que pretendían incluir modificaciones al proyecto de ley.
Algunas modificaciones ensayadas, pero que no pudieron ser implementadas hablaban de la necesidad que el incremento sea “hasta el 40%”, que sea temporal y que se establezca taxativamente que rubros iban a tener esa preferencia. Sin embargo, se optó, en mayoría, por aprobar sin modificaciones.
El diputado colorado (cartista) Raúl Latorre destacó que este proyecto de ley está centrado en la protección del empleo, impulso a la reactivación y el favorecimiento del desarrollo económico en nuestro país.
En la misma línea se pronunció el diputado Basilio Núñez, quien expresó su postura a favor del documento legislativo e indicó que la industria nacional, requiere de una política pública que fortalezca la industria nacional.
En tanto que los diputados Edgar Acosta, Celso Kennedy, Rocío Vallejo, pidieron que la normativa sea aprobada con modificaciones, que indiquen un límite de “hasta” un 40% de incentivo a la industria, mientras dure la declaración de emergencia.
Amarilla manifestó sostuvo que solo las grandes empresas contratistas del Estado serán las beneficiadas, en detrimento de las arcas del Estado, que posiblemente no tendrá precios competitivos hacia abajo, atendiendo que muchas empresas tienen un mayor costo operativo.
En la misma línea se pronunciaron los diputados Sebastián García y Sebastián Villarejo.
El texto fue finalmente sancionado, y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su consideración. Con informe de Diputados.
