El tema fue abordado durante una reunión desarrollada en la Fiscalía General del estado, entre la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñonez; el Contralor Camilo Benítez Aldana, el viceministro de Tributación Óscar Orué y fiscales de Delitos Económicos. La reunión se realizó con el objetivo de trazar acciones de trabajos en relación a los análisis y exámenes de las declaraciones juradas.
«Queremos ver la trazabilidad y los tipos de informes que serán necesarios para establecer, de manera ágil, una línea de análisis e investigación, el tiempo establecido no significa impunidad, sino que esos informes sean eficaces, resaltando que en todos los casos se agotarán todas las líneas investigativas. Es un arduo trabajo, pero no vamos a dar impunidad a nadie”, dijo al término del encuentro Sandra Quiñones.
Por su parte, el Contralor General de la República, Camilo Benítez señaló que se deben establecer criterios objetivos a fin de ver parámetros y el universo de los primeros análisis a ser realizados. Indicó que esta mesa será determinante con los controles cruzados para establecer esos criterios unificados a la hora de valorar hechos como Enriquecimiento. «Estos análisis serán sumados al planeamiento que tiene la Contraloría anualmente, más aquellos pedidos de otras investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público de denuncias abiertas anteriormente que están en curso y son como 40 causas. Ahora sumado a la lista que enviará también a Tributación, pero pondremos todos nuestros esfuerzos de luchar contra la impunidad como dijo la Fiscal General del Estado», explicó Benítez.
Serán investigados hechos de corrupción en general y no se circunscribirá a un solo tipo.
Si bien el Ministerio Público debe actuar de oficio se encuentra condicionado al Principio de Legalidad que significa que deben existir hechos concretos de la comisión de un hecho punible.