Luego de que un grupo de diputados colorados y liberales hayan instado por nota a la máxima instancia judicial a no autorizar para que se hagan públicas las Declaraciones Juradas DDJJ de funcionarios públicos, un grupo de ciudadanos planteó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra los parlamentarios.
En este contexto, el abogado Federico Gómez, unos de los firmantes calificó de sumamente grave la presión ejercida por los diputados que incluso, según señaló se exponen a penas de hasta 10 años, al entender que cometieron el delito de coacción a un órgano constitucional, incluso incurrieron en uso indebido de influencias o tentativa de uso indebido de influencias., causal de pérdida de investidura.
Los legisladores habían argumentado que la información podría perjudicarles ya que cayendo en manos de delincuentes tanto ellos como sus familiares serían blanco de inescrupulosos, incluso correrían el riesgo de ser secuestrados.
