El fiscal Marcelo Pecci imputó a Gustavo Enrique B. Brítez ante la existencia de suficientes elementos de sospecha acerca de la comisión del hecho punible de Exposición a Peligro del Tráfico Aéreo.
El mismo es propietario del aeródromo Arrayán, de la compañía Yukyry de la ciudad de Areguá, había tenido en depósito un helicóptero de la marca Robinson, al servicio del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con su pintura y adhesivos representativos, y así prestando decididamente su colaboración con los responsables y/o conductores de la citada aeronave, en situación de presunta transgresión mediante conducta gravemente violatoria de las reglas de seguridad del tráfico aéreo.
El reporte del ministerio público señala que el 30 de marzo de 2019, Fernando Maximiliano Calfani Da Rosa, piloto de la aeronave declaró ante la DINAC, en el formulario de solicitud de ingreso y permanencia de la mencionada aeronave -por ocho días- solo la indicación de la matrícula civil y no la calidad de helicóptero al servicio de una fuerza pública de seguridad de Argentina, estatus que hacía exigible la autorización de la Fuerza Aérea Paraguaya, respecto del ingreso y permanencia de la aeronave en el Paraguay.
Esta situación no se habría gestionado, ni obtenido en forma. Tampoco se habría obtenido para la citada nave un permiso por mayor tiempo, en efecto, transcurrió un año y seis meses de permanencia no autorizada de la aeronave de la fuerza púbica extranjera en territorio nacional.
