Luego de que en la víspera la cámara de senadores sancionara la ley que permite a los hoteleros, gastronómicos, eventos y agencias de viajes diferir el pago de los aportes a la previsional, el Instituto de Previsión Social confirma que se podrá conservar activas cerca de 1.700 empresas y mantener 30.000 empleos a nivel nacional.
En este contexto, Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, explicó que se establece un aporte diferenciado del sector hotelero, gastronómico, eventos, turismo para con la previsional.
«Según nuestros estudios técnicos, el impacto financiero de esta disminución de los aportes del sector hotelero, de eventos, gastronómico y agencias de viajes representan 1,5% del total de recaudaciones mensuales del IPS. El impacto que tendrá este diferimiento en el aporte no es relevante ya que no se dejará de aportar», señaló el alto funcionario.
En declaraciones a la 730 am, indicó que se habla de diferimiento en el pago de los aportes ya que el IPS esperará un año (todo 2021) al sector (cerca de 1.700 empresas) y en 2022 empezará a pagar normalmente sumado a lo no pagado durante este año.
«Se genera una deuda que después se refinanciará. La idea es dar oxígeno a un sector que no puede levantar cabeza y no podrá levantar cabeza en uno o dos años, sino hacemos esto cerca de 30.000 trabajadores de estas empresas pasarán al negro o serán despedidos. Lo que se busca es conservar el empleo de esa gente y conservarlos en el seguro social y en la formalidad» añadió.
En otro momento de la entrevista realizada por ABC Cardinal, Halley detalló que el principal problema en el Paraguay sigue siendo la informalidad ya que la mayoría de los sectores económicos tienen una taza elevada de evasión y que mediante este mecanismo de «ayudar hoy pero vos te formalizas mañana, se tratará de formalizar esos sectores a pleno», explicó.
Dijo se debe trabajar de manera interinstitucional para poder hacer frente a la informalidad, el IPS cuenta con 63.000 inscriptas como patronal, pero en el país hay 700.000. La previsional cuenta con 700.000 trabajadores dependientes cotizantes y la población económicamente activa dependiente (PEA) en el país está por arriba de los 1.300.000.
