La Defensa Pública de Fernando de la Mora solicitó al Juzgado de Ejecución Penal de Central la aplicación de los artículos 56 y 59 del Código de Ejecución Penal sobre salidas transitorias y para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad, a favor de dos de sus representadas, mujeres privadas de libertad. La medida solicitada es con la finalidad de que las mismas pudieran establecer vínculos con sus familiares para una mejor readaptación social.
La defensora pública, Cinthia Fleitas, explicó que mujeres madres, quienes hayan cumplido con la mitad de sus condenas y además posean muy buena conducta dentro de la penitenciaría en la cual se encuentren recluidas, podrán ser beneficiadas con esta medida, al igual que todas aquellas personas con estas características. En el caso de las dos de sus asistidas, las mismas obtuvieron por parte del Juzgado, resultado favorable ante la petición de la defensa debido a que además no poseían causa abierta ni condena pendiente.
La Defensora interviniente informó que una de las mujeres, que cumple condena por una causa relacionada sobre tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes desde el año 2018, padece de diabetes e hipertensión, estudia en la institución de la penitenciaría, realiza trabajos de manualidad y sigue un tratamiento psicológico. Tiene 57 años y 5 hijos, todos mayores de edad con quienes ahora podrá establecer vínculos de forma progresiva para coadyuvar a su reinserción social.
Otra de las representadas se encuentra cumpliendo condena por la misma causa desde el año 2019, tiene 38 años y la Defensa Pública solicitó su redención, debido a que la misma estudiaba y trabajaba dentro de la institución penitenciaria. Además, posee muy buena conducta, fundamentos que hicieron que el Juzgado otorgue el régimen de redención ordinaria, modificando la pena y descontando los días y horas trabajados. Así mismo se solicitó su salida transitoria teniendo en cuenta que a través de ella podrá vincularse e ir reinsertándose a su núcleo familiar en forma progresiva para una mejor readaptación social.
Cabe destacar que los beneficios solicitados por la Defensora Pública a favor de las representadas fueron otorgados previa evaluación socio ambiental por parte de la trabajadora social de la Defensa Pública, y éstas fueron acogidas favorablemente por las juezas Gilvi Quiñonez y Silvana Luraghi.
