La diputada Roya Torres presentó un proyecto de ley “Que limita el acceso a cargos públicos y de rango jerárquico, así como a cargos electivos a aquellas personas que tengan antecedentes vinculados a causas de violencia familiar de la mujer y/o familia”.
La proyectista argumentó que el objetivo final es contribuir a la erradicación y deslegitimación de la violencia dentro del ámbito donde las mujeres desarrollan sus actividades cotidianas.
Afirma, en su exposición de motivos, que es necesario adoptar medidas que garanticen a las mujeres y los niños, principalmente, un ambiente libre de todo tipo de violencia y de discriminaciones.
“Es impensable que esto sea posible si quienes tienen a su cargo el diseño e implementación de estas políticas públicas, no solo no tengan perspectiva de género, si no lo que es peor aún, sean personas que hayan estado sentenciadas por delitos cometidos mediando violencia de género o intrafamiliar”, esgrimió.
Lamentó, por otro lado, el altísimo índice de casos de mujeres muertas en manos de sus parejas, y que han dejado niños huérfanos.
El proyecto establece que para el acceso a un cargo público de rango jerárquico, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, concurso o cualquier otro medio, es condición necesaria y obligatoria no contar con sentencia condenatoria firme por delitos cometidos mediando violencia de género o intrafamiliar.
Dispone, igualmente, que al momento de acceder a los cargos mencionados, se requerirá la presentación del certificado de antecedentes penales, otorgado por el Poder Judicial.
Por último, define la “función pública con rango jerárquico” a toda aquella actividad o prestación de servicio realizado por un funcionario con categoría o función equivalente o superior al cargo de director.
El documento, entre las disposiciones transitorias, aclara, además, que en el caso que algún funcionario, en ejercicio actual de funciones, cuente con sentencia condenatoria firme por delito cometido, mediando violencia de género o intrafamiliar, será sancionada o removida por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función.
La iniciativa será tratada en las comisiones de Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; y en la de Equidad Social y Género.
