Varios legisladores sentaron postura sobre la actual situación en el norte del país luego del atentado registrado este martes contra una patrullera en el que resultaron fallecidos dos oficiales y un civil.
El diputado Emilio Pavón, fue el primero en abordar el tema y advirtió que la situación en el norte del país se está saliendo de control, lo cual no se puede permitir.
“Estamos indignados por todo lo ocurrido en el primer departamento, el problema no solo es el EPP y el ACA, hay otros grupos armados. Faltan acciones concretas, no pedimos más policías sino más acciones organizadas y concretas para el norte”, manifestó.
Por su parte, la congresista Kattya González sostuvo que se deben complementar los roles constitucionales de la fuerza pública y propuso establecer una reforma que revise el marco jurídico de las Fuerzas Armadas y permita encaminar desempeños eficientes de la misma. “La seguridad es un bien público a la cual, el Estado no puede renunciar”, indicó.
Habló de la necesidad urgente e impostergable de abordar las labores de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, de manera a asegurar la tranquilidad de los compatriotas.
En la misma línea, su colega Sebastián Villarejo, solicitó que el presidente Mario Abdo Benítez que, en su carácter de Comandante en Jefe de las FF. AA., use la fuerza que la Constitución Nacional le permite a las autoridades del orden público.
“Se necesita mayor presupuesto, pero no podemos quedarnos solo en ese debate; urge una reforma de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, subrayó.
La diputada Celeste Amarilla, lamentó, no sólo la desaparición de los oficiales de policía, sino también, la muerte de Alejandro Antonio, hijo de Alejandro Ramos, líder del grupo armado autodenominado Ejército de Mariscal López (EML), adoctrinado por sus padres a los cuales tildó de irresponsables.
“Delincuentes atrincherados jugando a ser guerrilleritos que matan a ciudadanos de bien y hasta a sus propios hijos”, indicó.
Otro punto cuestionado por la diputada Amarilla, fue el bajo presupuesto asignado a la Fuerza de Tarea Conjunta, a la cual se exige resultados, sin que el Estado les provea del dinero necesario para ello, principalmente, en el rubro de combustibles.
En este sentido dijo que la FTC cuenta con apenas G. 227.000 por día, en el rubro de combustible, para una flota de 65 vehículos, a lo que debe sumarse G. 5 millones por cada vez que el helicóptero realice un vuelo corto por la zona.
El diputado Edgar Ortiz, por su parte, indicó que el tema del EPP debe ser abordado seriamente, no solo con un aumento del presupuesto, sino valorando la posibilidad de pedir colaboración a otros gobiernos como el norteamericano, para acabar con este flagelo. “El perjuicio que estos grupos ocasionan a los pobladores es incalculable, me pregunto quién querrá invertir en esa zona”, puntualizó.
“La sensación de inseguridad es altísima”, fue parte de lo manifestado por el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), quien también habló sobre los graves problemas de inseguridad. Remarcó que en el gobierno anterior también perdieron la vida efectivos militares y policiales por lo que se requiere una política de Estado que perdure en el tiempo.
El legislador Andrés Rojas Feris, también manifestó su preocupación y lamentó que los pobladores, tanto de Concepción como San Pedro, no puedan tener respuestas del Estado y aseguró que se ve poco a los efectivos de la FTC en las calles del primer departamento.
“Creo que esto sólo tendrá avances, mediante trabajo de inteligencia; los agentes poco entran al monte y así es difícil tener resultados”, sostuvo.
