La defensora general, María Lorena Segovia Azucas, explicó que el mayor problema es la institucionalización de niños, niñas y adolescentes, por largos periodos, y que para lograr revertirla, primeramente, debe darse un presupuesto acorde para el desarrollo efectivo de las labores de mantenimiento del vínculo que competen al tema. Fue esta mañana durante la reunión online de la Comisión de Equidad y Género y Derechos Humanos de la Cámara Alta, presidida por los senadores Carlos Filizzola, en el marco del estudio del proyecto de ley, que modifica un artículo de la Ley N° 6.486/20, con relación a las entidades de abrigo y el modelo residencial que deben aplicar.
También mencionó que desde la Defensa Pública se remitieron 21 informes que beneficiaron a 37 niños, niñas y adolescentes, un trabajo que ante la escasez de recursos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la institución colaboró con el proceso. Tres abogados, dos trabajadoras sociales y dos psicólogas coadyuvaron las labores del MINNA, durante la pandemia en el 2020, en el trabajo de mantenimiento del vínculo tendiente a la desinstitucionalización, con miras a una respuesta definitiva, en muchos casos la reintegración familiar y, excepcionalmente, la adopción.
La Defensora General refirió que existen 40 entidades de abrigo, de las cuales 25 ya pasaron al modelo residencial, que son aquellas que tienen una dinámica de funcionamiento lo más parecida posible a una familia. A su vez, que 15 entidades aún lo avanzaron en ese proceso. En esta línea refirió que se puede decir que el proceso es viable, y que se puede seguir avanzando en la transformación.
Precisó que se requiere una mayor inversión de recursos financieros en equipos técnicos que realicen la búsqueda y localización, mantenimiento del vínculo, entre los niños, niñas y adolescentes separados de sus familias, protegidos temporalmente, en una medida de cuidado alternativo, resaltó la Titular de la Defensa Pública.
Finalmente, enfatizó ante el Senado que la institucionalización de la niñez es una cuestión perentoria, porque la niñez es una prioridad y que esto debe quedar bien en claro dentro de los presupuestos institucionales.
