Un grupo de ocho legisladores de la Cámara de Diputados, miembros del Frente Parlamentario contra la Corrupción, presentó un proyecto de ley “Que eleva la pena y tipifica como crimen la infidelidad en el Servicio Exterior, previsto y penado en el artículo 314 de la ley 1160/97, Código Penal Paraguayo”.
Según la exposición de motivos, el proyecto se origina en atención a los hechos surgidos sobre la deuda espuria de Itaipú y la absoluta ausencia de identificación y sanción de los responsables de este acto, notoriamente, lesivo para los intereses de la patria.
“Utilizamos el derecho comparado de diversos países que elevan al nivel de crímenes los hechos de directa y alevosa traición a la patria y a sus intereses”, dice parte del documento que justifica la presentación.
Añade que existe una consolidación de la corrupción, en este caso, en función a las atenuadas penas, pues no representan un elemento persuasivo que impida el desarrollo de la acción.
La legislación vigente establece que “El funcionario que, en representación de la República ante un gobierno extranjero, una comunidad de estados o un organismo interestatal o intergubernamental, incumpliera una instrucción oficial o elevará informes falsos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”.
Los proyectistas alegan que esta situación, en la mayoría de los casos, ni siquiera es juzgado con la pena privativa de la libertad, sino con simples multas que no reparan bajo ningún sentido el profundo daño generado.
La modificación planteada estipula que el funcionario afectado será castigado con pena privativa de libertad de seis a veinte años.
Con la misma pena será castigada la persona, cuya intervención en asuntos de interés público internacional, cometiera actos en perjuicio de los intereses del pueblo paraguayo.
En el mismo sentido, también se castigará la conducta omisiva que ocasionará los resultados previstos y mencionados.
“Bien puede apreciarse (en los demás países de la región) una tendencia en la ausencia de una indulgencia para con casos de sonado tenor que impliquen un acto de manifiesta traición a la patria donde, en nuestro país, encontramos que existe una interesante levedad en la aplicación punitiva. De esta forma, el interés de robustecer las sanciones para todo aquel que actúe en discordancia con los intereses nacionales es el espíritu de este proyecto”, dice, finalmente, la exposición de motivos.
El proyecto lleva la firma de los diputados del PLRA, Edgar Acosta, Celeste Amarilla, Jorge Avalos Mariño, Juan Manuel Ayala, Enrique Mineur, Carlos Silva, Pastor Vera Bejarano y del PEN Kattya González.
