La defensora general, María Lorena Segovia Azucas, explicó sobre el esfuerzo de la Defensa Pública para dar respuestas a las mujeres víctimas de violencia, quienes no siempre además se animan a denunciar sus situaciones de tal forma a llegar hasta las instancias judiciales. Fue durante su disertación en el evento coordinado por la Organización de las Naciones Unidas en Paraguay en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La Defensora General enfatizó que hablar sobre violencia contra las mujeres ya no es algo novedoso, porque transcurrieron los años y actualmente el contexto es distinto, no solamente porque tenemos una Ley 5.777/16 “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia”, que es producto del esfuerzo de muchas personas, sino también porque a nivel social la violencia contra las mujeres tomó visibilidad.
“Hoy sabemos que la violencia contra las mujeres es una cuestión que atañe no solamente a mujeres, sino también a los hombres. Es una condición necesaria su eliminación para asegurar la felicidad, ese derecho a la felicidad a una vida de libertad y seguridad al cual tenemos derechos todas las mujeres”, expresó la Titular del Ministerio de la Defensa Pública.
Recalcó que desde la Defensa Pública se asesora, se representa y se patrocina a las mujeres víctimas de la violencia, a través de 18 Defensores y Defensoras Públicas Especializadas en la Ley 5.777/16, distribuidos en todos los departamentos del país. Además, el Equipo recibe capacitación especializada para prestar mejore servicios a las usuarias para el acceso a la justicia.
Refirió que desde la Institución se es consciente de que ninguna medida formal va a ser suficiente si no somos capaces de hacer el esfuerzo de entender la dinámica de la violencia, las bases que la sustentan y sus profundas raíces vinculadas con el patriarcado y el machismo. “Eso requiere de un ejercicio reflexivo individual y colectivo, que a su vez incluya procesos de formación sistemática que brinde herramientas para brindar un servicio humanizado, premisa principal de esta administración”, expresó.
La Defensora General insistió que la orientación jurídica y la representación en el juicio es una dimensión, relevante pero que debe ser acompañada con las demás, para que efectivamente las víctimas sientan que son el centro de un sistema que se articula para protegerla y para asegurar el acceso a la justicia.
“La eliminación de la violencia va más allá de la adopción de medidas de protección y represivas. Debemos avanzar como Estado y sociedad en atacar sus causas. Y para ello, la igualdad formal contenida en la norma debe pasar a hacerse realidad”, reflexionó e instó que, para lograrlo el Estado tiene una gran responsabilidad a partir de todas las instituciones creadas para asegurar la realización de los derechos y para ello, debe organizar su estructura, llevar adelante políticas públicas y administrar justicia con enfoque de género. Esto significa capacitación y formación, no solamente a nivel de lo teórico sino en la práctica.
La Defensora General concluyó que es necesario a nivel del sistema de justicia trabajar en la formación de los operadores para que adquieran un enfoque de género al momento de desempeñar sus tareas, que permita entender la dinámica de la violencia, que permita que las medidas sean ajustadas a las necesidades, que superemos las actuaciones formales y avancemos hacia una articulación protectora, empática y efectiva. “Mientras eso no sea realidad, todo aquello que hacemos, no es más que de utilería, utilería que brinda a las víctimas ninguna garantía. En una sociedad libre y feliz, la sociedad gana”, expresó. Fuente: Defensa Pública
