La Cámara Baja, en sesión extraordinaria, designó a seis diputados que tendrán la responsabilidad de representar a la institución ante la Comisión Nacional para el Estudio de los Mecanismos de Recuperación de las Tierras Malhabidas, identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008”.
La Mesa Directiva, en coordinación con los líderes de bancadas, acordaron la siguiente lista: Jorge Brítez, Pastor Vera Bejarano, Celeste Amarilla, Colym Soroka y Edgar Ortiz. Un último integrante será designado en los próximos días.
El documento, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, establece la creación de una comisión nacional compuesta por seis representantes de la Cámara de Senadores; seis representantes de la Cámara de Diputados; un representante de la Procuraduría General de la República (PGR); un representante del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT); un representante del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI); un representante de la Defensoría del Pueblo; y un representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Igualmente, un representante de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP); un representante del Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Ministerio de Hacienda; y un representante del Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El proyecto establece que el organismo dependerá, presupuestaria y administrativamente, de la Cámara de Senadores.
Una atribución será revisar toda la documentación de las tierras identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, del año 2008, para lo cual se podrá solicitar informes u opiniones de personas y entidades, públicas o privadas, a fin de producir sus dictámenes o de facilitar el ejercicio de las demás facultades que corresponden al Congreso Nacional. Esto, en concordancia con el artículo 186 de la Constitución.
Como objetivo se apunta a establecer e implementar mecanismos de participación social del movimiento campesino; de movimientos de lucha por la tierra y la vivienda digna en el ámbito urbano; de organizaciones de derechos humanos; de universidades; y de otros sectores sociales comprometidos con la plena garantía de los derechos humanos en el país, para la definición de los mecanismos legales que permitan la recuperación de las tierras malhabidas.
Contratar referentes juristas, especialistas en la temática, sería otra atribución de la comisión nacional, al igual que preparar propuestas legislativas que incluyan los procedimientos para la recuperación de las tierras, siempre dentro del marco de la Carta Magna. Fuente: Diputados.
