A iniciativa de los senadores Fernando Silva Facetti, Blas Llano y Javier Zacarías Irum, tuvo entrada en cámara alta el proyecto de ley donde se establece la figura del desacato al poder legislativo.
La propuesta de normativa pretende igualar el desacato judicial en vigencia en la ley 4711 del año 2012 donde se establecen sanciones ante el incumplimiento de una orden emanada por el Poder Judicial, a las atribuciones del Poder Legislativo.
“Para que una ley sea efectiva, tiene que establecer sanciones, de lo contrario es meramente declarativa y lo que proponemos es equiparar lo que establece el desacato judicial a lo que establece al desacato del Poder Legislativo”, señaló el senador Fernando Silva Facetti, proyectista de la propuesta de normativa.
El legislador explicó que el Congreso es el principal agente en el marco legal, porque es allí donde se discuten, se analizan, se aprueban y se derogan las leyes que sirven para la ejecución de las políticas y de los derechos por parte del Ejecutivo y Judicial; y es por eso que, el legislativo le da la atribución de sancionar al que incumple una orden judicial en la ley 4711 al judicial.
Silva Facetti añadió que es importante conceder esta atribución al Poder Legislativo teniendo en cuenta que en el art. 192 de la Constitución Nacional se establece el pedido de informe como una herramienta para el doble rol que tiene el Congreso; uno, que es recabar informes sobre necesidades, debilidades, fortalezas, donde es necesaria una ley o la modificación o derogación de una normativa; y el segundo no menos importante que es la atribución q tiene el Congreso de ser custodio, de verificar la ejecución del aspecto del marco legal y del estado como contralor, a través de dos herramientas, por un lado, el pedido de informe y por el otro, la interpelación y voto de censura.
Cabe destacar que el proyecto de ley será analizado en las comisiones asesoras y luego puesto a consideración del pleno. Surge ante la falta de respuestas por parte de los responsables de instituciones dependientes del Ejecutivo a los pedidos de informes formulados por las cámaras del Congreso.
