En la fecha se llevó a cabo un conversatorio sobre el “Protocolo contra el comercio ilícito de tabaco”, organizado por el Frente Parlamentario Contra la Corrupción e Impunidad, presidido por la diputada Kattya González, en conjunto con las comisiones asesoras de Cuentas y Control de la Ejecución presupuestaria, Lucha contra el Narcotráfico, y la de Legislación y Codificación.
También participaron del encuentro, que se llevó en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, los legisladores Tito Ibarrola (PPH-Central), Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), Norma Camacho (PEN-Central), Edgar Acosta (PLRA-Central), y Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú).
Al inicio del conversatorio, la diputada González habló sobre la importancia y la implicancia que tendrá para nuestro país, tanto la suscripción como el rechazo de este protocolo, que viene a ser un complemento del Convenio Marco de Ginebra de la Organización Mundial de la Salud, adoptado en el 2003 y aprobado por ley en el año 2006.
Por su parte, su colega, Edgar Acosta, aseguró que la suscripción a este convenio no es en contra de una persona en particular o de la industria misma, sino a favor del bien del país.
A su turno, el diputado Tito Ibarrola, en su carácter de titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, aseguró que aprobar el mencionado documento, significaría un importante paso a nivel nacional, al igual que debatir seriamente con Brasil, mecanismos para que las exportaciones tabacaleras sean 100% legales.
Parecer internacional
Por otra parte, la experiencia y las labores encaradas dentro del marco de este convenio a nivel internacional, estuvieron a cargo de los especialistas Reina Roa, médica especialista en salud preventiva del Ministerio de Salud de la República de Panamá; Alejandro Ramos, economista y consultor independiente, experto en impuestos al tabaco y otras políticas de salud; y Roberto Iglesias, economista experto de la OMS.
En su exposición, Reina Roa comentó que los estados pierden alrededor de USD 30 mil millones que retornarían a las arcas públicas si los gobiernos fueran capaces de controlar el comercio ilícito de tabaco. Agregó que el convenio, además de lo económico, está focalizado en los derechos humanos, la salud y la vida.
“El comercio ilícito lo único que hace, es contribuir a agravar la magnitud de la epidemia de tabaquismo, victimiza a una industria que vende productos peligrosos, y limita el efecto de la políticas de control que los países pretenden implementar”, remarcó.
Por su parte, Alejandro Ramos habló sobre la situación del comercio ilícito en la región, especialmente lo respectivo a Paraguay con Brasil.
En tanto el economista, Roberto Iglesias, dio indicaciones para nuestro país, y remarcó que los países no pueden aislarse de sus propias políticas o de las faltas de ellas, así como no pueden dejar de lado las políticas implementadas por sus vecinos.
Remarcó que Paraguay produce mucho más de lo que consume y que el protocolo traerá consigo, un compromiso con las reglas internacionales. “Además, en la medida que Paraguay aplique mejores controles a la producción local, se puede sentar a negociar salidas formales a sus productos”, puntualizó.
Fuente: Diputados
