Se instaló esta mañana la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero, cuya presidencia recae sobre el senador Jorge Querey, y la vicepresidencia el diputado Hugo Ramírez.
En este marco, Querey indicó que los procedimientos que llevarán adelante tendrán una figura de absoluto respaldo documental. «Vamos a evitar todo tipo de comentarios o expresiones que no tengan un respaldo documental”, señaló.
Indicó que convocarán a autoridades, a particulares, a empresas, y aclaró que la Constitución Nacional establece claramente quienes están excluidos de esa convocatoria, en tanto los demás tendrán la obligación de acudir ante las convocatorias que se hagan desde la Comisión.
“Los días de reunión serán los martes a las 08:00 horas, serán públicas y transmitidas, salvo aquellas informaciones o jurisdiccionales o financieras que tengan carácter de secreto, que si les obligará a recurrir a la reunión reservada.
“Este martes que viene vamos a convocar a las 8 de la mañana al ex presidente del Banco Central del Paraguay Carlos Fernández y al ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, vamos a convocarlos para hablar sobre las informaciones también vamos a solicitar la presencia del superintendente de bancos y el responsable de antilavado del BCP de tal manera a tener información precisa y documentada”, señaló Querey.
“Si existiere documentación secreta o reservada se dejará constancia, lo expresado en los documentos de la comisión bicameral tienen una referencia codificada sobre esas documentaciones secretas”, añadió.
“Buscaremos establecer recomendaciones y calificaciones, por un lado, hacer un resumen conclusivo, esto será un documento extenso y a partir del resumen conclusivo a las recomendaciones, es decir, si creemos que hay indicios suficientes para iniciar investigación sobre algunas personas, investigaciones o algunas empresas, haremos esa recomendación. Si tomamos conocimiento de la comisión de un delito tenemos la obligación de comunicar al ministerio público”, destacó.
Dijo que en todos los casos según el artículo constitucional que rige para la comisión bicameral está muy claro quienes no quieran acudir a las convocatorias, tienen la potestad de obligar a acudir a través de la fuerza pública. «Ustedes saben el manejo que ha tenido esa situación con el expresidente Horacio Cartes, recurrimos en aquel momento al Poder Judicial, y si fuera requerido, recurriremos de nuevo, porque un juez puede ordenar eso o el uso de la fuerza pública y eventualmente algún procedimiento para tener acceso a documentaciones”, acotó.
“Estamos construyendo una República con instituciones sólidas, en gran parte de esta reunión se ha hablado de la rigurosidad con la que vamos a entrar y las referencias documentadas a cada una de las cosas que digamos”, resaltó.
