Un total de 20 puntos figuran para su tratamiento este miércoles en el orden del día de la sesión ordinaria de Diputados.
Entre los documentos a ser analizados, figura un pedido de ampliación presupuestaria para el Ministerio Público, por un monto aproximado de G. 116.945 millones, con lo que se pretende, entre otras inversiones, la creación de nuevas unidades fiscales; cargos para agentes fiscales; secretarios fiscales; auxiliares fiscales; fortalecimiento de unidades especializadas de delitos económicos, anticorrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; además de otras unidades especializadas en lucha contra el narcotráfico, contrabando, violencia familiar, y trata de personas.
Cuenta con dictamen de modificación de la Comisión de Presupuesto, que aconseja recortar la propuesta a G. 64.700 millones, dejando de lado, entre otros rubros, lo correspondiente a aumentos salariales del 15%.
Por otro lado, también figura en el orden del día una ampliación presupuestaria para la Contraloría General de la República (CGR), por un monto G. 15.114.839.508.
La ampliación es solicitada con el objeto de cubrir las necesidades perentorias existentes en los diferentes rubros que constituyen el presupuesto de la institución, como ser el correspondiente a remuneraciones extraordinarias y adicionales, debido a la necesidad de ampliar el tiempo de trabajo de los funcionarios afectados a las tareas de control, requeridas para cumplir las exigencias de rango constitucional, sostiene parte de las argumentaciones.
Por otro lado, también será analizado el proyecto de ley “Que modifica los artículos 331, 333 y 378 de la Ley N° 2422/2004, Código Aduanero”, presentado por el diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central).
El presente proyecto de ley tiene como propósito combatir, frontalmente, el delito de contrabando, y aquella corrupción que se materializa antes, durante y después del contrabando, en este caso fuera de la sede aduanera.
En esencia, busca evitar que hechos que puedan constituir infracciones a la ley penal, puedan estar supeditados a la culminación de sumarios administrativos, cuyo fin es distinto respecto de la persecución directa del Estado sobre el delito de contrabando realizado fuera de la sede aduanera.
La Cámara de Diputados, igualmente, prevé tratar el proyecto de resolución, “Que modifica el artículo 20 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados”.
El proyecto, presentado por la diputada Kattya González (PEN-Central), establece que: “El diputado que se ausentare a tres sesiones consecutivas o cinco alternadas durante el año sin justificación será sancionado con la suspensión de sus funciones, sin goce de dieta, por el término de sesenta (60) días. En ese caso deberá prestar juramento el Diputado suplente, quien lo sustituirá por el término que dure la suspensión”.
Los diputados, analizarán, por otra parte, el proyecto de ley “Que exceptúa el patrocinio de abogado en juicios de información sumaria de testigos para declaración de pobreza (insolvencia) ante juzgados de paz”.
La exposición de motivos explica que hasta el 2018, no se requería la intervención de un abogado para tramitar juicio de información sumaria de testigos, pero que esa realidad cambió con la promulgación de la Ley 6059/2018, Que modifica la Ley N° 879/81, Código de Organización Judicial y amplía disposiciones y funciones de los Juzgados de Paz”.
“No será necesario el patrocinio letrado cuando se actuare para la recepción de órdenes de pago y para solicitar declaratoria de pobreza”, decía la mencionada normativa, tácitamente, derogada por la Ley 6059/2018; y que por medio de esta propuesta se pretende restaurar.
Otro de los documentos a ser analizado es la “Solicitud del acuerdo constitucional para disponer la intervención de la Gobernación del Departamento del Guairá”.
Se analiza un supuesto despilfarro de USD 2 millones transferidos al gobierno departamental para la reactivación económica post pandemia.
Este proyecto tiene dictamen de la Comisión Especial, creada para el estudio de las acusaciones, que aconseja, en mayoría, aprobar la intervención; y en minoría, el rechazo.
Otro de los temas a ser abordados es el proyecto de ley “Que suprime las delegaciones legislativas para el establecimiento de tasas a instituciones del Poder Ejecutivo y organismos de Estado”.
La propuesta busca suprimir la arbitrariedad con que actúan algunas entidades del Estado y establecer, en adelante, mayor transparencia en la creación o eventual aumento de nuevas tasas. También apunta a propiciar un clima favorable para el emprendimiento y la realización de negocios, de manera a evitar la aplicación de tasas en forma sorpresiva.
También será puesta a consideración el proyecto de ley “Que modifica los artículos 11 y 13 de la Ley Nº 3331/2007, Que crea el programa nacional de prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer de cuello uterino y mama”.
Esta iniciativa garantiza el acceso a cirugías reconstructivas de mamas, así como la gratuidad de todos los estudios médicos y tratamientos integrales que son necesarios para el fortalecimiento de la campaña de lucha contra el cáncer de cuello uterino y de mamas en nuestro país.
Igualmente, permitirá que pacientes podrán acceder a estudios de diagnóstico y prevención del cáncer de cuello y de mamas, de manera gratuita, en centros hospitalarios privados.
También figuran, entre otros documentos, los siguientes proyectos:
-“Por el cual se objeta parcialmente el proyecto de ley N° 6919, ‘Que modifica varios artículos de la Ley N° 5033/2013, Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la Declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos, y deroga la Ley N° 6355/2019”.
-“Que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las personas afrodescendientes”.
-“Que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley n° 1015/97, Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, modificados por la Ley N° 3783/09 y la Ley N° 6797/21”.
-“Que define, previene y sanciona el conflicto de intereses y amplía la Ley N° 5295/2014, Que prohíbe el nepotismo en la función pública”.
-“Que establece la publicidad de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Consejo de Ministros, del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Consejo de la Dirección del Registro Electoral y deroga la Ley N° 6299/2019 ‘Que establece la publicidad de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de Ministros”.
fuente: Diputados
