La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley “Que establece medidas administrativas para el financiamiento del Programa de Enfermedad y Maternidad del Instituto de Previsión Social”, presentado por el diputado Arnaldo Samaniego.
El documento será remitido al Senado para su segundo trámite constitucional.
Este proyecto faculta al IPS a solicitar al Banco Nacional de Fomento (BNF), o a otras entidades del sistema financiero nacional y/o entidades financieras internacionales, la apertura de líneas de crédito de mediano y largo plazo, que serán destinadas al cumplimiento de las obligaciones pendientes de pago.
La normativa fija un tope en eventuales excesos y dispone, en uno de sus artículos, que el límite máximo del total anual de las cuotas emergentes de las operaciones autorizadas, no podrá exceder el 5 % del presupuesto anual asignado para el ejercicio en el cual se realice la operación financiera.
Estipula que las obligaciones emergentes serán cumplidas, únicamente, con recursos provenientes del Programa de Enfermedad y Maternidad del Instituto de Previsión Social.
“No están en peligro los fondos jubilatorios. Esto solamente va a afectar los fondos de salud y maternidad”, enfatizó el proyectista.
Agregó que no se trata de un proyecto improvisado, o elaborado a las apuradas, sino que tiene como origen una normativa de inicios de año, donde “justamente para buscar un consenso entre los jubilados, los empleadores, los trabajadores, se instaló una mesa de trabajo con representantes del IPS, el Ministerio del Trabajo y todas las centrales que hacen al estamento”.
El parlamentario sentenció que no es “un antojo”, como señalan ciertos sectores, sino que es una respuesta a grandes preocupaciones.
“Hoy la situación del IPS es lamentable en cuanto a su programa de enfermedad y maternidad. Está desfinanciado y ahí empiezan las especulaciones; pero ya se ha explicado claramente que los fondos de jubilaciones no se tocan. Se repitió mil veces”, afirmó Samaniego.
Relató que se trata de una deuda que no es nueva, con “una bicicleta” de años y años, que lleva unos 60 millones de dólares, pero que sigue siendo compatible con el funcionamiento del programa de enfermedades y de salud.
Sin embargo, donde se agudiza el problema es en la multiplicación de la deuda a partir de la pandemia.
“Antes de la pandemia, en 2019 la deuda era de 60 millones de dólares, monto acumulado desde el año 2000 aproximadamente. A partir de la pandemia del año 2020 ya fue a 120 millones de dólares; en 2021 fue a 240 millones la deuda con los proveedores y entonces el programa, para entenderlo bien, de los aportes tanto obreros como patronales, de esos aportes el 54,34 % va al fondo de jubilaciones y pensiones, que no se toca en este proyecto de ley; es más, vamos a proponer que taxativamente diga que no se va a tocar, de ninguna manera, los fondos jubilatorios”, fundamentó.
Prosiguió con que el 6.52 % va a la parte administrativa; el 39,4 % va al fondo de enfermedad y de maternidad; y de este fondo conocido también como de salud, de ese 100 % del fondo, casi el 50 % es para recursos humanos, salarios, aguinaldos, etc.; y que el 35 %, más o menos, es la deuda que hoy se está pagando, con concesión de derechos y otros varios mecanismos; mientras que el 7 % es para reposo y lo que sobra, que es muy pobre, va para pago de proveedores.
“Está suspendida, por ejemplo, la provisión de alimentos. Hay amenaza, y ya lo hicieron públicamente, de los empresarios de medicamentos y de insumos. La deuda está; la carta orgánica no permite endeudar a mediano y largo plazo y eso es lo que se va a autorizar en el proyecto: que se pueda contratar un préstamo de fideicomiso, más transparente aun, porque va a estar como árbitro un banco del sistema financiero, transparentando; y que eso no se contamine con momentos políticos que tanto preocupan”, manifestó.
Producto de un gran acuerdo
El diputado Samaniego resaltó que la deuda ya existe y que los proveedores amenazan con dejar de proveer si no se les paga.
“Esto es producto de una mesa de trabajo entre representantes de los jubilados; Feprinco; UIP; federaciones; representantes de los trabajadores; autoridades del Consejo de Administración del IPS; representantes del Ministerio de Trabajo; etc. Hay que entender que el objeto es dotar de herramientas jurídicas al programa de maternidad y enfermedades; y que eso permita la apertura de líneas de crédito de mediano y largo plazo, ya que actualmente la carta orgánica solo permite préstamos de corto plazo, así como reza la Ley de Contrataciones Públicas”, refirió.
Por último, dijo que las obligaciones emergentes serán cumplidas, únicamente, con lo proveniente del programa de enfermedad y maternidad; y que en ningún caso los fondos jubilatorios corren peligro. El documento se remite al Senado. Fuente: Diputados
