Tras los últimos hechos de «acoso callejero» que fueron denunciados y «viralizados» a través de redes sociales, el diputado Hugo Ramírez anunció que tras el receso parlamentario insistirá en la aprobación del proyecto de ley “Que sanciona el acoso sexual callejero”, que se halla en etapa de estudio en las comisiones asesoras.
El parlamentario sostuvo que “la idea es proteger a todas las víctimas de acoso sexual callejero, convirtiendo esto en un hecho punible, a fin de crear un ambiente más seguro para todos”.
En la misma línea, afirmó que urge la media sanción de Diputados, de modo a que, antes del final del presente periodo parlamentario, pueda convertirse en ley.
“Esto debe ser muy preciso para que pueda ser bien interpretado y no se pueda utilizar de manera incorrecta”, indicó.
Además, dijo que esta propuesta legislativa tiene varias miradas que ya fueron puestas a consideración durante una mesa de trabajo multisectorial de la que participaron representantes del Ministerio de la Defensa Pública; la Policía Nacional; el Ministerio de la Mujer; la Fiscalía General del Estado; varios municipios; y diversas organizaciones civiles.
“Ante el aumento de casos, vamos a pedir que con suma urgencia sea tratado el proyecto, porque creo que tenemos que dejar como herencia una herramienta que permita canalizar posibles respuestas a la problemática. Esto viene sucediendo cada vez con más frecuencia y es preocupante”, puntualizó el congresista.
La exposición de motivos sostiene que la problemática es una de las violencias sexuales menos visibilizadas en nuestro país; genera inseguridad y humillación a las víctimas; y tiene un impacto negativo hasta el punto de que, en muchas ocasiones, la persona que la padece debe cambiar su rutina o evitar ciertos lugares por miedo a que la situación escale a una agresión física.
Es importante recordar que el proyecto “Que sanciona el acoso sexual callejero”, prevé una sanción con pena privativa de libertad de hasta seis meses.
En caso de que las víctimas sean menores de edad; personas con discapacidad; mujeres embarazadas; u otros casos que se encuentran contemplados, la pena podría ser de hasta dos años. Fuente: Diputados
