Una persona con cáncer de laringe, paciente del Instituto Nacional del Cáncer, recurrió a la Defensa Pública para obtener los medicamentos necesarios. El paciente tenía más de un mes sin recibir la medicación para tratar su enfermedad y optimizar su calidad de vida.
La defensora pública Liz Carola Jara Mateshich representó inició los trámites necesarios para elevar un amparo constitucional contra el Ministerio de Salud Pública y/o el Instituto Nacional del Cáncer a fin de que pueda acceder al tratamiento correspondiente dentro del Sistema Nacional de Salud a costa de la parte demandada.
La defensora pública argumentó que la Constitución Nacional enuncia que el Estado Paraguayo protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas y de socorro, asimismo el Estado paraguayo está obligado a través de sus ministerios competentes a evitar la violación de los derechos y garantías, como la vida y la salud en caso de peligro inminente, de lesión irreparable.
Ante los argumentos de la Defensora Pública, el Juzgado Penal de Sentencia de Paraguarí resolvió hacer lugar al Amparo Constitucional y ordenó que el Ministerio de Salud Pública, a través del INCAN brinde el tratamiento médico correspondiente con la administración de los medicamentos requeridos durante el tiempo que lo requiera y, en caso de no contar con el medicamento solicitado, el Ministerio competente deberá proceder a la adquisición y si fuere necesario requerir el reembolso por las vías correspondientes y a quien corresponda, debiendo proporcionar el medicamento de manera inmediata según los requerimientos del paciente.
Por la misma resolución, impone las costas en el orden causado, remitiendo copia y notificando a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.
