La mesa directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por el presidente de la institución, Dr. Carlos María López dispuso la realización de tres sesiones extraordinaria consecutivas para el día lunes 24 de abril. La primera de ellas está marcada para las 09:30 horas.
En primer término se llevará a cabo la interpelación del viceministro de Transporte, Óscar Stark; luego se estudiará el pedido de juicio político al Dr. Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistratura e integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; y por último, para el tercer encuentro, existe un orden del día con 23 puntos, como adelanto de la sesión plenaria semanal.
Interpelación
Cabe recordar que el proyecto de resolución “Que cita e interpela al señor Oscar Stark, viceministro de transporte”, había tenido visto bueno tras un extenso debate, la semana pasada, teniendo en cuenta la remoción del anterior titular de dicha dependencia, Víctor Sánchez.
Dicho funcionario era objeto inicial del pedido a raíz de un escándalo desatado por la constatación del falseamiento de registros en cuanto a pasajeros del transporte público.
Esta comprobación de irregularidades, como la carga de datos (“pasajeros fantasmas”), y las recurrentes “reguladas” en el servicio, fueron los principales argumentos del pedido de interpelación y ocuparán parte importante del espacio de preguntas.
Juicio político
Seguidamente, en la segunda sesión extraordinaria, los diputados darán estudio al proyecto de resolución “Por el que se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra el miembro del Consejo de la Magistratura, Abg. Jorge Bogarín Alfonso, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional”.
Cuatro causales forman parte del libelo acusatorio.
La primera es por mal desempeño de funciones, al no apartarse de entender en el enjuiciamiento del fiscal Jorge López, a pesar de una amistad personal y pública con el denunciante, de nombre Alfredo Ferreira.
El caso refiere a una denuncia de abuso sexual, a cargo del fiscal López, en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.
Como segunda acusación se cita el mal desempeño de funciones por no apartarse – con obligación legal de hacerlo – del concurso por un cargo en la Corte Suprema de Justicia.
El postulante era Marco Aurelio González: “amigo personal y jefe de su campaña electoral para la elección de representantes del Gremio de Abogados ante el Consejo de la Magistratura”.
El documento enfatiza “la contaminación del proceso y la falta de decoro y honestidad ante la presencia de una clara causal de inhibición”.
Como tercera causal figura el “mal desempeño por enriquecimiento sin causa y declaración falsa”.
Allí se relata que Bogarín fue funcionario “casi toda su vida” y que los detalles de sus ingresos permiten una trazabilidad a través de los datos públicos.
Incluye como prueba las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de la República e indica que el crecimiento patrimonial no es coherente con los ingresos.
Finalmente, la cuarta causal es por cobro indebido de honorarios; específicamente, por percibir salario como docente de la Facultad de Derecho (UNA), sin cumplir con las horas asignadas.
La acusación afirma que su horario de trabajo coincidía con todas las sesiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y con otras actividades desarrolladas y publicadas en sus propias redes sociales.
La iniciativa concluye que “las consecuencias del accionar del señor Bogarín Alfonso perjudican el interés público; constituyen una amenaza a la débil institucionalidad del sistema de justicia, de selección y de sanción de magistrados; y son una amenaza para el estado de derecho”.
También enfatiza la designación como “significativamente corrupto” por el gobierno de EEUU.
Orden del día con 23 puntos
Sobre el adelanto de la sesión semanal (tercera sesión extra), hay que señalar que se estudiará un grupo de proyectos de expropiación y transferencia de inmuebles en diferentes puntos del país.
Luego se tratará la modificación de la ley que autoriza la libre importación de vehículos y de maquinarias agrícolas y de construcción usados, donde se desea suprimir el artículo 1°, que habla de la prohibición de importarlos, cualquiera sea la procedencia y modelo, si la antigüedad es mayor a 10 años.
Unos contratos de préstamo también forman parte del orden del día. El primero es para financiamiento del programa de saneamiento de ciudades intermedias, a cargo del MOPC, por USD 52.292.000.
Busca la construcción del “Sistema de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable”, para las ciudades de Santa Rita; Carapeguá; Santa Rosa del Aguaray; y San Ignacio Guazú.
También contiene obras de mejoramiento de los sistemas de agua potable de las Juntas de Saneamiento, así como programas de capacitación en plomería; desinfección de agua; campañas de concientización sobre el uso del líquido vital; y la conectividad a las redes de alcantarillado en cada una de estas ciudades.
El siguiente préstamo es para la adquisición de equipos de dragado para el río Paraguay (nota reversal Paraguay-Japón).
Esto pretende formalizar un aumento del monto de cooperación que estaba previsto en un instrumento anteriormente suscrito entre ambos países, a fin de contribuir con la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), y fortalecer las capacidades para asegurar la navegabilidad.
Costo de combustibles
Por otro lado, el orden del día incluye el proyecto de ley “Que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de combustibles”, que afronta el tercer trámite constitucional.
El Senado se ratificó luego de que Diputados haya modificado el acápite, que quedó de la siguiente manera: “Que establece medidas de normalización y transparencia sobre la estructura de costos del Gasoil Tipo III y fija precios mínimos y máximos para su comercialización”.
El objetivo es establecer medidas de normalización y transparencia sobre la estructura de costos del Gasoil Tipo III y, sobre la base de ello, fijar los precios mínimos y máximos de este producto, para evitar alzas o bajas artificiales.
Derechos de autor
Finalmente, un tema a resaltar es el proyecto “Que modifica el artículo 123 de la Ley N° 1.328/98 – De derecho de autor y derechos conexos”.
Aquí la intención es cubrir un vacío legal que actualmente afecta los derechos patrimoniales de los artistas nacionales, según los proyectistas.
Alegan falencias que impiden una justa compensación económica por la utilización de interpretaciones musicales en las plataformas digitales.
La exposición de motivos explica que los consumidores pagan una cuota por la utilización de dichas plataformas (Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, y otras), que están localizadas fuera del territorio paraguayo y no tienen sede permanente aquí; situación que imposibilita que nuestros músicos reciban remuneración por sus catálogos musicales, o ésta sea ínfima ante la incapacidad de negociar directamente.
Fuente: Diputados
