Por Resolución, la Cámara de Diputados aprobó proyecto de declaración “Que insta a la Municipalidad de Asunción a implementar videocámaras en los procedimientos de control que realiza la Policía Municipal de Tránsito (PMT)”.
Esta iniciativa corresponde a los legisladores Tito Ibarrola y Carlos Rejala, ambos de la bancada de Hagamos.
Un único artículo forma parte de este documento, donde se señala: “Instar a la Municipalidad de Asunción a implementar videocámaras en los procedimientos de control que realiza la Policía Municipal de Tránsito”, el cual tuvo aprobación unánime del plenario de la institución.
Los proyectistas explicaron que esto se origina en la Ley N° 6.757 – “Que establece la implementación de videocámaras en los procedimientos realizados por funcionarios del Estado”.
Dicha ley establece, en su artículo 9°, que el funcionario público, en el momento de iniciar un procedimiento y durante toda la duración del mismo, deberá utilizar una videocámara corporal o fija, la que deberá ser monitoreada y grabada en tiempo real, en la base de almacenamiento establecido.
Refiere que, en ningún caso, el funcionario tendrá, tecnológicamente, la posibilidad de editar o borrar los videos de los procedimientos que haya realizado.
A su vez, dice que el funcionario portante de la videocámara encendida en procedimiento también tendrá la obligación de anunciar al ciudadano que el procedimiento está siendo filmado, razonablemente, cuando el mismo tipo de procedimiento lo permita; mientras que en los casos donde el sigilo es parte del procedimiento, se puede obviar el anuncio de la grabación.
En cuanto a los objetivos, los diputados Ibarrola y Rejala señalaron que se apunta a transparentar los procedimientos, de manera a tener registros que, en definitiva, puedan servir para esclarecer los hechos ante una creciente ola de sucesos no esclarecidos inmediatamente por falta de pruebas, donde están involucrados funcionarios públicos en actividad.
“Resulta preponderante la utilización de videocámaras en procedimientos realizados por funcionarios públicos. La finalidad es proteger ambas partes – policía y población civil – en un procedimiento legal, en caso de que se encuentre alguna controversia dentro del mismo; al igual que reducir el delito de cohecho pasivo que puede involucrar a funcionarios estatales y ciudadanos”, indica la argumentación del proyecto aprobado. Fuente: Diputados
