A fin de es disponer de una herramienta jurídica que unifique la gestión y garantice la ejecución efectiva del sistema de agua potable en nuestro país, varios diputados presentaron un proyecto de ley “Que crea el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento”.
El proyecto tiene como principal objetivo, disponer la creación de una institución estatal rectora del sector de agua potable y saneamiento con rango de ente autónomo, autárquico y descentralizado, que tenga las facultades de establecer las políticas nacionales en la materia.
Los proyectistas refieren, en la exposición de motivos, que el marco jurídico nacional referente a las materias de agua potable y saneamiento se ha ampliado de manera significativa en las últimas décadas y han sido aprobadas diferentes iniciativas que buscan propiciar el acceso al agua potable en nuestro país.
Aluden, sin embargo, que aún existen ciertas deficiencias en cuanto al acceso al vital líquido, principalmente, en las zonas rurales.
“Con este marco normativo se pretende ejecutar estrategias de acciones concretas, y a la vez, normar criterios técnicos generales para la instalación de sistemas de agua potable y saneamiento, y también ejecutar obras necesarias en el sector, mediante la implementación de mecanismos de financiamientos adecuados para la concreción de los objetivos nacionales”, expresa parte del documento.
En esencia, el proyecto propone la creación de un fondo específico bajo la administración fiduciaria denominado “Fondo Nacional de Infraestructura Sanitaria (FONDIS), que podrá complementarse en la práctica con otras herramientas de fomento a la inversión pública y privada ya existentes en el marco jurídico nacional, como el contenido de la Ley N° 5102/2013 “De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.
El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento, según el proyecto, resultará de la incorporación en una nueva entidad jurídica, que resultará de la integración de dependencias ya existentes previamente, a saber: SENASA (actualmente dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) y la Gerencia de Proyectos de Agua y Saneamiento – GPAS (dependientes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones).
Los proyectistas refieren que esta iniciativa se constituirá en un nuevo organismo rector que tendrá el modelo de gestión comunitaria, tanto a escala rural y periurbana; y en lo que respecta al sector urbano, a través de grandes obras que el sector demanda, sin que se vean afectadas las facultades de regulación y supervisión del servicio que la legislación vigente confiere al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN).
Contempla además, una participación efectiva de los gobiernos locales y departamentales que faciliten la integración y participación comunitaria en la promoción, planificación y ejecución de obras vinculadas a la prestación de servicios de agua potable.
Vale mencionar que el texto fue presentado en congruencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como parte de la Agenda 2030, que prevé entre otros puntos, articular mecanismos efectivos para garantizar el acceso de toda la población mundial, al agua y saneamiento gestionados de forma segura para 2030.
Son impulsores de dicha normativa los diputados: Jorge Avalos Mariño, Emilio Pavón y Fernando Oreggioni. Fuente: Diputados
