El exfiscal general Javier Díaz y su esposa, María Selva Morínigo, acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente, enfrentan juicio oral y público que se inició este jueves. La investigación de la causa llevaron adelante las agentes fiscales Natalia Silva y Claudia Aguilera.
El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Víctor Alfieri e integrado por sus pares magistrados Alba González y Darío Báez dio inicio al juicio, a pesar del pedido del aplazamiento de la defensa y después de varios recursos dilatorios. En la ocasión, la Fiscalía planteó el incidente de inclusión probatoria, sobre un informe de fecha 31 de julio del 2019.
Dicho informe tiene que ver con una cantidad de ganado vacuno, teniendo en cuenta que ambos acusados cuentan con cabezas de ganado como parte de su patrimonio, el cual fue excluido durante la audiencia preliminar. El juicio proseguirá el miércoles 30 de agosto, con la contestación del único incidente planteado.
Según los antecedentes, el matrimonio encausado protagonizó compras e inversiones que superaban su capacidad adquisitiva, específicamente, con una diferencia entre ingresos y egresos de G. 10.495.174.320, lo cual se ve como diferencia en las declaraciones juradas presentadas por ambos desde el 2014. Diaz Verón, en su calidad de funcionario público, ejecutó adquisiciones, inversiones y cancelaciones de deudas que sobrepasaron sus legítimas posibilidades económicas y las de su cónyuge.
Entre una de las aristas que dan sustento al caso, se desprende que en el 2017, el matrimonio finalizó con un flujo neto de G. 10.495.174.320, monto que resulta de la sumatoria entre el saldo inicial negativo con el cual empezaron el año 2017, más el déficit obtenido en ese mismo ejercicio.
Morínigo, por su parte habría pretendido dificultar el conocimiento real de la procedencia de las adquisiciones e inversiones realizadas por el matrimonio, a través de empresas y facturas por honorarios profesionales, buscando darle justificación ilegalmente a los ingresos.
En tal sentido, habría utilizado a la firma Lagunita SA para hacer pasar por lícitas algunas inversiones que no cuentan con respaldo legal, especialmente en lo vinculado a la adquisición de cabezas de ganado, para su posterior venta y justificando así los ingresos mediante la empresa, ya que todo lo producido y invertido en el lugar se registrarían como actividades propias de la sociedad y no incrementaría el patrimonio del matrimonio.
Otra de los métodos del presunto Lavado de Dinero, habría sido por medio de la elaboración de facturas legales entre los años 2013 a 2017, en concepto de honorarios profesionales a supuestos clientes, con servicios que presuntamente nunca fueron prestados.
Las empresas que también formaron parte del esquema de lavado de dinero son: Salty River, Canto Rodado S.A y Yerutí S.R.L, a través de las cuales se habrían llevado a cabo diversas operaciones con la intención de ocultar el origen ilegal del dinero.
