El proyecto de ley “Que establece la gratuidad de la expedición del certificado de antecedente policial y judicial”, sancionado hace un par de meses y vetado luego por el Poder Ejecutivo, fue tema central de una reunión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, que preside la diputada Cristina Villalba.
Actualmente, cabe comentar, la expedición de estos certificados tiene un costo de G. 24.500 y 39.236, respectivamente.
Participó de esta reunión el Dr. César Diesel, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); así como representantes del Ministerio del Interior – Policía Nacional; y el Ministerio de Justicia.
La diputada Villalba comentó que, durante el encuentro, los representantes de las instituciones invitadas y directamente afectadas por la iniciativa, señalaron que estos ingresos son muy importantes para la funcionalidad de cada estamento.
“Hemos decidido aceptar el veto y seguir dando estas herramientas para que ellos puedan tener funcionalidad”, expresó la parlamentaria.
Agregó que si estas instituciones dejan de contar con esos recursos, no tendrán presupuesto y deberán recurrir a Fuente 10, mientras que en la actualidad actúan en Fuente 30, “porque ellos generan sus propios recursos”.
“No queremos que requieran intervención, a través de una ampliación, del Ministerio de Economía”, refirió.
La legisladora comentó, además, que los invitados informaron que actualmente no pagan por estos servicios: los pueblos nativos; las personas que deben acceder a programas de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis); y los procesados judicialmente.
Vale indicar que el proyecto en cuestión tenía por objeto exonerar el pago por la expedición del certificado de antecedente policial y judicial a las personas desocupadas (materiales expedidos por la Dirección General de Identificaciones de la Policía Nacional y el Poder Judicial).
Serían beneficiadas las personas en situación de desocupación debidamente comprobada a través de la calificación y certificación expedida por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
