El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini señaló que avanza el proceso de aplicación de la ley que establece el uso de «tobilleras electrónicas» para los internos que accedan a las medidas alternativas a la prisión preventiva o sepan cumplir con prisión domiciliaria.
Barchini resaltó que el estado no puede absorber este costo, por lo que deberá ser trasladado al interno.
Indicó que hasta el momento son 5 las empresas interesadas en proveer estos dispositivos de seguridad y que el costo estimativo es de USD 200, por cada mes de uso.
En el caso de los internos que no puedan costear el uso de los dispositivos, se verá la forma de subsidiar, según resaltó.
