La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó conformar una comisión redactora que se encargará de elaborar un documento de apoyo institucional de la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo, con respecto a las posiciones asumidas por nuestro país, por el cobro de un “peaje” a barcazas paraguayas en la Hidrovía Paraguay-Paraná, por parte de la Argentina.
“Estamos al unísono en esta cuestión de respaldar la posición del Paraguay que plantea el rechazo al cobro de este impuesto, de este peaje unilateral, que está generando la República Argentina en la hidrovía, en total contravención al Tratado de Santa Cruz”, refirió el presidente de la cámara baja, Raúl Latorre.
Sostuvo que esta posición es la misma que sostienen los demás países del Mercosur: Brasil, Bolivia y Uruguay, que puede cotejarse en el comunicado conjunto emitido hace algunas semanas.
En el comunicado los gobiernos de los cuatro países solicitan la “suspensión de las restricciones a la libertad de tránsito y la libre navegación, impuestas por la República Argentina, mediante un peaje unilateral y, arbitrariamente, establecido al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras disposiciones reglamentarias internacionales vigentes”.
“Por primera vez, en mucho tiempo, el Paraguay se planta con fortaleza, en esta mesa de negociaciones y plantea una negociación de igual a igual; por un lado, con respecto a la libre circulación de la hidrovía, y por el otro lado, haciendo el retiro del 100% de la energía (de Yacyretá) que corresponde al Paraguay”, dice parte del comunicado.
El presidente Latorre significó que la decisión es un derecho de nuestro país y que se acomodó con la disminución del retiro de energía de Itaipú.
“Finalmente, el Brasil sí nos paga y tampoco estamos recibiendo este tipo de agresiones por parte del Brasil; entonces, nosotros consideramos a la Argentina y a los argentinos una nación y un pueblo hermano; pero sí vamos a pronunciarnos y vamos a plantarnos como país, como nación”, indicó.
Remarcó, igualmente, que estamos ante un atropello a la institucionalidad y al derecho internacional “que afecta, terriblemente, nuestra capacidad económica y comercial”, sentenció.
