La Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, presidida en la ocasión por el senador Líder Amarilla encabezó la mesa técnica de trabajo encargada del análisis del proyecto de Ley “Que modifica y amplía los artículos 18 y 23 de la Ley N° 5876/2017, de administración de bienes incautados y comisados”.
Del encuentro participaron representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) y la Dirección General de los Registros Públicos.
En ese sentido, Rosarito Montaña, representante del Poder Judicial, comentó que el mayor de los problemas es la débil investigación patrimonial que debe ser realizada para llegar a la presunción más cercana que permita avanzar con un operativo.
“Tenemos muchos casos en los cuales no se pueden probar que los inmuebles o vehículos son adquiridos como productos de un acto delictivo. Si no tenemos esa mínima presunción, si los decomisos no se hacen luego de una buena investigación patrimonial, estamos sujetos a posibles demandas”, resaltó.
Agregó que la intención de esta representación no es objetar la venta anticipada, sino que se busca precautelar el derecho del titular registral de los bienes para no caer en perjuicios por los que el Estado tenga que responder.
Por su parte, el doctor José Casañas Levi, coincidió con que el origen del problema se da porque hay un derecho a la propiedad y porque existe la necesidad de brindar los recursos y las herramientas para una investigación patrimonial que eviten errores que puedan propiciar una demanda contra el Estado.
A su vez, Mercedes Vera, representante de la Dirección de Registros Públicos, expresó que el bien o inmueble siempre debe gozar de la tutela jurídica en su doble dimensión jurisdiccional y registral, considerando la garantía del derecho de propiedad ante un posible hecho de recupero por parte del procesado.
“En todos los casos, es importante tener la información completa sobre el estado en el que se encuentra el inmueble y quien es su titular realmente, todo esto es necesario para declarar la pérdida del derecho de propiedad. Acá se trata de analizar una serie de cuestiones y legislar de acuerdo conforme al derechos de todas las partes afectadas y mirando también el derecho civil”, manifestó.
Al finalizar la reunión, el senador Líder Amarilla, relator de la Comisión, mencionó que se reunieron con varias instituciones para plantear un proyecto de ley que pueda disponer, monetizar, efectivizar los bienes que fueron incautados, productos de narcotráfico y otros delitos conexos.
“La idea es cómo se va a efectivizar esto para que pueda ser reinvertido en el combate contra el narcotráfico. Precisamente para el combate de este flagelo se necesita mayor inversión, así como también para el tratamiento de los adictos, los enfermos que tenemos nuestro país”, enfatizó.
Añadió que las sugerencias de las instituciones participantes de la mesa de trabajo enriquecieron bastante el análisis y la construcción de un texto definitivo, muy especialmente las expuestas por la doctora Rosarito Montaña, representante de la Corte Suprema de Justicia.
“Se habla también de la necesidad de una investigación patrimonial objetiva. Uno de los aportes habla que la Fiscalía debería investigar bien los bienes de las personas para tener información sobre el o los propietarios, si es producto o no del narcotráfico, que investigue bien, para que llegue bien completa la información y, en base a eso, poder disponer uno de esos bienes de verdad en venta anticipada”, expresó.
Culminó su alocución agradeciendo a los participantes por exponer las distintas posturas institucionales y mencionó que en los próximos días emitirán el dictamen correspondiente para que el proyecto sea tratado por el Pleno.
SOBRE EL PROYECTO
La propuesta legislativa fue presentada por el Poder Ejecutivo el 03 de mayo del 2022 y tiene como finalidad una mayor efectividad ante la problemática que representa el tráfico y consumo de sustancias en el Paraguay. Además de lograr mayor y mejor mecanismos de control y prevención en el plano de la oferta y de la demanda. La propuesta legislativa fue presentada por la senadora Lilian Samaniego.
En este proyecto, se erigen respectivamente, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), como institución rectora y responsable de la política de reducción de la oferta, y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) como institución rectora y responsable de la política de la reducción de la demanda, en el ámbito de salud.
Fuente: Senado.
