El presidente de Diputados, Raúl Latorre suscribió un convenio marco de cooperación con la Corte Suprema de Justicia, que en el acto estuvo representada por su presidente, César Manuel Diesel Junghanns
El documento establece que la cooperación se dará, principalmente, a través de la Dirección General de los Registros Públicos, con la finalidad de interactuar, con los parlamentarios, en las áreas de la información, la capacitación y la investigación.
“Este convenio va a mejorar nuestras capacidades de comunicación y de obtención de información en tiempo real, lo que nos va a permitir tomar decisiones más asertivas, principalmente, para el análisis de los proyectos de expropiación; vamos a tener un acceso más rápido a todo lo que tenga que ver con los registros públicos de propiedades y va representar un avance muy importante”, significó.
Se pretende que la comunicación entre las instituciones sea facilitada con el uso de las nuevas tecnologías, permitiéndose que el intercambio de datos se realice, a opción de las partes, por vía electrónica bajo los respectivos mecanismos de seguridad que resguarden las informaciones.
“En este momento, este convenio es más oportuno que nunca, porque, entre otras consideraciones, hace mención específica a la coordinación con la Dirección General de los Registros Públicos, en el marco de la revisión de los proyectos de expropiación; nosotros en la Cámara de Diputados, estamos haciendo una revisión del circuito institucional por donde pasan los proyectos de expropiación”, dijo el diputado Latorre, refiriéndose a la polémica suscitada, recientemente, con la sanción por parte del Congreso Nacional de una expropiación en Villa Hayes, supuestamente, sin cumplir la función social, que es indispensable para estos casos.
Indicó que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ha asumido, con el consenso de los liderazgos de las diferentes bancadas, hacer correcciones, si fueran necesarios, buscando mejorar el control de estos proyectos y tener una protección más eficiente de los bienes que es de todos los paraguayos.
El documento firmado expresa, entre otras consideraciones, que el mandato constitucional y los requerimientos de los ciudadanos en los casos de expropiación, vivienda, urbanismo y demás temas vinculados al derecho de la propiedad, generan la necesidad de unir esfuerzos, mediante la armonización de competencias y atribuciones de las instituciones del Estado a fin de brindar respuestas oportunas y satisfactorias a la ciudadanía. Fuente: Diputados