Se trata del proyecto de ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas, que remitió el Poder Ejecutivo que fue duramente cuestionado por la oposición, durante un amplio debate.
La normativa autoriza al Poder Ejecutivo un endeudamiento de hasta USD 600 millones, lo que permitirá pagar las deudas dejadas por el gobierno anterior principalmente el sector de la construcción como a las farmacéuticas.
La oposición denunció durante el tratamiento del proyecto que la ley es inconstitucional ya que pretende delegar al ejecutivo atribuciones del Congreso Nacional.
Se cuestionó igualmente la falta de transparencia en el manejo de los beneficiarios, así como los montos a ser desembolsados por el estado.
Finalmente, el documento fue aprobado con modificaciones con 33 votos y se remite a la cámara de Diputados para su estudio.
