En caso de “insolvencia comprobada” el estado solventará costo de tobilleras electrónicas

El proyecto que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control, más conocidos como “tobilleras electrónicas”, para procesados por la justicia fue aprobado hoy y en la camara de Diputados y la media sanción se comunicará al Senado para su estudio.

Se apunta a reajustar la normativa legal vigente, de manera a facilitar y optimizar su implementación efectiva, ampliando el alcance de la misma.

El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo como una alternativa al documento que fuera remitido al archivo recientemente, con el mismo objetivo de descomprimir el sistema penitenciario.

La normativa impulsada por el Ejecutivo, a través de los ministerios del Interior y de Justicia, tiene como objetivo que la puesta en vigencia del sistema de dispositivos electrónicos de control (tobilleras electrónicas), sea costeada por los procesados.

La modificación principal de la Cámara de Diputados es que, en el caso de una insolvencia comprobada, del eventual beneficiado, sea el Estado paraguayo el que absorba el costo.

Hugo Meza, titular de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, señaló que no significará una reducción drástica de la población penitenciaria; pero mediante las modificaciones tampoco quedará solo para beneficio de las personas pudientes.

“Ojalá que tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional tengan la capacidad técnica para implementar esta herramienta y que no resulte una ventana más de corrupción”, expresó.

Explicó que constituirá una herramienta importante para que, en tiempo real, la Policía Nacional, como órgano ejecutor, cuente con información privilegiada sobre la persona que cuenta con una medida sustitutiva.

Se establece en la normativa, que cualquier persona puede hacer una denuncia cuando se destruye un dispositivo que es utilizado para el control de procesados. El plazo para la reglamentación es de 60 días.

Se crea una oficina de control interinstitucional que estará conformada por representantes de la Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; Ministerio del Interior; Policía Nacional; y Ministerio de Justicia”, con el agregado del Ministerio de la Defensa Pública. El documento pasa al Senado. Fuente: Diputados.