La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín imputó al presidente y vicepresidente de la empresa «Santa Ana Textil S.A.», Julio Enrique Bacigalupo Morel y Elton Floriano Hildebrando, por los supuestos hechos punibles de incumplimiento de mitigación de impacto ambiental y procesamiento ilícito de desechos. Asimismo, el juez Carlos Vera Ruiz ordenó la clausura del local en respuesta a un requerimiento realizado por la representante del Ministerio Público.
Según la investigación, los imputados habrían permitido u ordenado arrojar residuos líquidos de la fábrica -ubicada en el Parque Mercosur- sin tratamiento al cauce hídrico del arroyo Acaraymí. Además, se constató que la empresa no realizó el monitoreo semestral del efluente tratado, ni extremó los cuidados en su disposición final.
Los vecinos del lugar denunciaron los olores desagradables y la posible contaminación del arroyo, solicitando una nueva intervención de la Fiscalía. Esto considerando que en el inicio de la obra otro agente fiscal ya había intervenido en el lugar. Los denunciantes presentaron imágenes tomadas con dron, que muestran una enorme pileta de la empresa vertiendo desechos presumiblemente sin tratamiento al arroyo Acaraymí.
En el marco de la investigación del caso, el Ministerio Público, acompañado por el técnico ambiental Derlis Álvarez, realizó un recorrido por el arroyo desde el kilómetro 8 Monday hasta el kilómetro 9, donde observaron desechos en el cauce hídrico presuntamente vertidos por la firma Santa Ana.
Como resultado de esa inspección, la Fiscalía Especializada solicitó y llevó a cabo un allanamiento en la planta industrial textil ubicada dentro del Parque Mercosur. La inspección, autorizada por el juez Amílcar Antonio Marecos mediante el A.I. 188, permitió identificar depósitos de residuos sólidos, productos químicos inflamables y la falta de un sistema de prevención de incendios.
Asimismo, se encontró una falla en uno de los tanques de recepción de efluentes, provenientes de la pileta primaria. Además, se descubrió un tanque de agua captada mediante un sistema de bombeo del arroyo Acaraymí, sin la aprobación del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
