La defensora General Dra. Lorena Segovia señaló que hay abuso de la prisión preventiva y que contribuye al crecimiento del crimen organizado. «Complejiza el control de la población privada de libertad por la ratio de personas privadas de libertad vs personal penitenciario», resaltó.
Agregó que «facilita el crecimiento y operación de facciones criminales dentro de las penitenciarías».
Indicó que, a su vez, «la falta de condiciones adecuadas de reclusión favorece el reclutamiento de estas facciones criminales de personas privadas de libertad que buscan protección intramuros durante su tiempo de reclusión. En definitiva, es un problema de derechos humanos».
«Desde la Defensa Pública estamos adoptando una serie de medidas a ser aplicadas en el ámbito jurisdiccional para mitigar los efectos del abuso de la prisión preventiva y mejorar el ejercicio de la defensa penal», resaltó la Defensora General.
Informó igualmente que por medio de una resolución se instruyó a los defensores y defensoras que cumplen funciones en el fuero penal especial atención a aquellos que han superado la pena minima y que se encuentren procesados por hechos punibles con expectativa máxima de cinco años, debiendo solicitar la revocación de la prisión preventiva cumplido el plazo de pena mínima previsto en la Ley y deducir los recursos para acceder a segunda instancia si fuera el caso.
«La vigencia de los derechos humanos es una efectiva estrategia para el mejoramiento de la seguridad ciudadana», sentenció.
