Los agentes fiscales Aldo Cantero Colmán y Giovanni Grisetti, tras tener suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, decidieron formular imputación en contra del expresidente Mario Abdo Benítez.
Fueron además imputados Carlos Adolfo Arregui Romero, Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, René Milciades Fernández Bobadilla, Carmen María Pereira Bogado, Daniel Alberto Farías Kronawetter, Guillermo Preda Galeano, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Fabián Espínola Núñez.
En fecha 31 de julio de 2023, Horacio Manuel Cartes Jara, bajo patrocinio del Abg. Pedro Ovelar Valenzuela presentó denuncia, entre otros hechos, por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Seprelad, incursando las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Más adelante, el 30 de agosto del 2023, Cartes, Jara bajo patrocinio del Abg. Pedro Ovelar Valenzuela amplió la anterior denuncia, específicamente con respecto a la filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de la República de Panamá, subsumiendo la conducta en el hecho punible de revelación de secretos de servicio.
Por último, en fecha 30 de octubre del 2023, se volvió a ampliar la denuncia, en esta ocasión con relación a una nueva filtración de documentos de la Seprelad a través de una página web denominada Ddos (Distributed Denial of Secrets).
Durante parte de su período de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral.
Para llevar adelante este objetivo, el expresidente habría compuesto su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fiscales del Ministerio Público), entre ellos, específicamente Carlos Arregui Romero (Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes – SEPRELAD), Arnaldo Giuzzio Benítez (Ministerio del Interior) y René Fernández Bobadilla (Secretaría Nacional Anticorrupción – SENAC).
En ese marco la investigación, conforme a los elementos probatorios incorporados y teniendo en consideración que aún se encuentran pendientes diversos oficios y otras diligencias, se estima necesario el plazo de seis (6) meses para presentar requerimiento conclusivo contra cada uno de los imputados.
