El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta reiteró el pedido de desafuero del diputado Esteban Samaniego, en el marco de la causa abierta por administración en provecho propio y asociación criminal. Los ilícitos se habrían cometido durante la gestión de Samaniego como intendente de Quyquyhó entre los años 2011 y 2017.
La petición del Ministerio Público fue realizada ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos a cargo del magistrado Humberto Otazú. “Lo solicitado se realiza en atención a que hasta la fecha, a pesar de la remisión realizada por VS ya en el mes de diciembre de 2023, la Cámara de Diputados no se ha expedido al respecto, tomando en cuenta que se han reiniciado las actividades legislativas”, reseña el documento de la Fiscalía.
Además de Samaniego, también están imputados en esta causa su esposa Patricia Corvalán y otras 21 personas. En su momento, el Ministerio Público peticionó al Juzgado de Delitos Económicos el desafuero de Samaniego para que pueda ser sometido al proceso judicial, además de que se ordene el bloqueo de las cuentas bancarias de todos los imputados.
La imputación asevera que Samaniego ordenó el pago directo a su favor, de sus familiares y terceros allegados para su beneficio. Igualmente, habría favorecido en forma indebida a un esquema de empresas y personas jurídicas funcionales a él con adjudicaciones sistemáticas.
Samaniego se habría valido de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos, con la suma de G. 338.595.000, al cual accedió mediante pagos de fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF). La actual intendenta Corvalán, por su parte, cobró G. 117.500.000, fondos que debían ser usados con fines sociales y no para provecho propio. Según la imputación, Samaniego, su esposa y otros familiares fueron los que cobraron los cheques
