A fin de diseñar una estrategia conjunta con el Ministerio Público y el Poder Judicial a fin de combatir las conexiones irregulares de la criptominería que afectan la calidad del servicio de energía eléctrica, el Ing. Félix Sosa, presidente de la ANDE, acompañado del Dr. Nelson Medina, Asesor Legal y del Ing. Hugo Rolón, Gerente Comercial de la ANDE, se reunieron en la mañana de hoy, lunes 18 de marzo, con el Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, y luego con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis María Benítez Riera, para articular acciones conjuntas tendientes a combatir las conexiones irregulares en el suministro de energía eléctrica por parte de personas que realizan la actividad de criptomineria.
Entre las primeras acciones a gestionar se encuentran la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio Público, en el cual serán incorporados aspectos relacionados a la persecución y castigo de los actores del hecho punible de sustracción de energía eléctrica, de tal forma que los procesos judiciales culminen con la individualización y castigo de los responsables.
De igual manera, en la reunión celebrada con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el mismo manifestó que el Poder Judicial garantiza el debido proceso y se comprometió a brindar celeridad a las causas judiciales relacionadas al hecho punible mencionado.
Cabe recordar que desde el año 2019 a la fecha, se presentaron más de 60 denuncias penales que se encuentran en proceso, con imputaciones e incautaciones de equipos en algunos casos, de los cuales, desde el año 2023, fueron realizadas 43 intervenciones con una Potencia Total intervenida de 90 MW, equivalente a 4 veces la demanda eléctrica de la ciudad de Villarrica, siendo éstas actividades ilícitas, una de las causales principales de los inconvenientes que afectaron últimamente la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, además de causar un grave daño patrimonial a los intereses de la Institución.
Es importante recordar que conforme al Art. 173° del Código Penal paraguayo, la sustracción de energía eléctrica está tipificada como delito, con expectativa de pena privativa de libertad de hasta tres años o el pago de multas.
