El juez especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, hizo lugar a la imputación formulada por el Ministerio Público en contra del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El magistrado Otazú dispuso la aplicación de medidas cautelares contra los 13 imputados en esta nueva carpeta fiscal abierta. El juzgado interviniente ordenó el embargo preventivo de los bienes de los imputados, además de la inhibición general de vender y gravar sus bienes.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, la semana pasada, imputaron a Prieto, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de administración y finanzas de la comuna esteña, y a otras 11 personas en la carpeta fiscal abierta.
Las pesquisas sostienen que presuntamente estas personas integraban un esquema liderado por el jefe comunal esteño y que desviaba dinero de la comuna a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando un perjuicio patrimonial de G. 306 milllones al municipio de la ciudad fronteriza durante la pandemia.
