El fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, participó en la víspera del Primer Diálogo de Alto Nivel OEA-CAF sobre Delincuencia Organizada Transnacional. Esta actividad forma parte del programa paralelo en el marco de la 54ª Asamblea General de la OEA y se denominó “Los desafíos de colaboración y coordinación para enfrentar la delincuencia organizada trasnacional en las Américas”.
El titular del Ministerio Público destacó que la problemática del crimen organizado, referidos al sistema seguridad encargada a las fuerzas públicas, Fuerzas Armada y Policía Nacional y, las luchas por generalizar las libertades públicas, hicieron que la confrontación se coalizara en torno a presentar el panorama como una lucha permanente contra el régimen oprobioso del Estado.
«Esa situación fáctica hizo que floreciera el garantismo penal, en toda América Latina, como un mecanismo serio de poner límite a ese poder sancionador estatal a su vez, esa ausencia paulatina de los órganos del ejercicio del poder central de persecución, hizo que las bandas empezaran a organizarse a partir del 65, 70 y más propiamente, en los últimos tiempos», resaltó.
Agregó que existe la necesidad de contar con la cooperación recíproca para que la efectividad sea tal.
«Hoy el fiscal que en otro tiempo operaba solitariamente, más vulnerable a todas las listas, es más protegido hasta si se quiere por un grupo, corporativismo que debe ser cada vez más fuerte. Creo que las entidades nos necesitamos entre todos y gracias a ello podemos tener un futuro más promisorio», añadió.
El evento se desarrolló en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se llevará a cabo esta semana en Paraguay y contó con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, el presidente ejecutivo en CAF Sergio Díaz Granados, el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior Dr. Enrique Riera, así también la ministra de Seguridad de la República de Argentina, Patricia Bullrich.
El encuentro fue impulsado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el gobierno de la República de Paraguay.
