Tras la movilización de docentes en Pilar, Ñeembucú en contra de la propuesta del gobierno que plantea incluir a los docentes a los alcances de la ley del Servicio Civil que está en estudio en esferas del Congreso y que plantea una evaluación docente para determinar el nivel de rendimiento que permitirá desvincular a quienes no alcanzan los puntajes establecidos, la presidenta de la Asociación de Educadores de Ñeembucú Manuela González, comentó que la manifestación fue contra esta la prueba punitiva, pero luego del diálogo con el gobierno levantaron la medida.
Las marchas fueron realizadas a nivel nacional, explicó la docente al periodista Carlos Duarte.
Indicó que, si esta ley si se llevara a aprobar, prácticamente pasarían a ser funcionarios públicos, perdiendo derechos adquiridos.
Los docentes temen la perdida de la estabilidad laboral, atendiendo que, para acceder a esta estabilidad, el docente tendría que pasar por múltiples exámenes evaluativos, que se convertirían en exámenes punitivos porque si no aprobaban en dos oportunidades, el estado paraguayo iba a rescindir responsabilidades con ese trabajador, y no iba a tener posibilidades de reclamar indemnización, eso establece en esta ley.
Comentó la presidenta que ellos como educadores son uno de los únicos gremios, que acceden a un puesto docente, a la carrera de educador a través de un concurso público de oposición por lo que consideran un retroceso volver a ser sometidos a más evaluaciones para acceder a la estabilidad laboral.
La docente agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación durante los dos días de movilizaciones donde lograron finalmente que el gobierno revea su posición inicial respecto a las propuestas de evaluación y destacó la importancia de salir a defender los derechos adquiridos, cuando hay un intento de atropello por parte del gobierno.
«El apoyo de los alumnos, de los padres se dio por las redes sociales, al no mandar a sus hijos a la escuela fue una muestra de apoyo también a nuestra lucha. La ley civil la que se querían aprobar incluye a todos los funcionarios públicos», destacó.
