Se trata de la operación enfocada a atacar las principales fuentes de financiamiento de grupos criminales que parten de importantes centros de procesamiento de cargas de marihuana con ubicaciones entre Corpus Christi, Brítez Cué y alrededores, sacó de circulación unas 326 toneladas de marihuana en un trabajo conjunto entre SENAD y el CODI. El mismo generó un perjuicio económico al crimen organizado que supera los USD 9.000.000.
La fórmula de acción planificada entre las fuerzas, con apoyo de helicópteros de las Fuerza Aérea Paraguaya, aportó una marcada presencia en la zona que no solo se limitó a la destrucción de 21 campamentos sino también a establecer grupos de patrullajes permanentes.
Los días invertidos en la operación sirvieron para eliminar 107 hectáreas de cultivos ilícitos, la mayoría de estos trabajados por comunidades indígenas que responden a las órdenes de referentes criminales.
En su conjunto, teniendo en cuenta la cantidad de droga destruida y la logística empleada para el procesamiento, el operativo generó un perjuicio económico de 9,7 millones de dólares.
Los fiscales que coordinaron las irrupciones de Regresión en su fase II, fueron el Abg. Christian Royg y la Abg. Inés Estigarribia.
