El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, expresó su profunda indignación por el caso que afecta a la funcionaria Anadelia Acosta, quien, según denuncias, estaría involucrada en la sustracción de alrededor de G. 800 millones a dos familias humildes del interior del país.
Destacó la gravedad del hecho, no solo por la magnitud de la estafa, sino también por el daño causado a las víctimas, las que confiaron en la funcionaria.
En respuesta a las acusaciones, el presidente Latorre informó que la institución ha adoptado tres medidas al respecto:
En primer término, dispuso el cese inmediato del comisionamiento de Acosta, de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales (Departamento de Caaguazú), donde cumplía funciones, de manera a evitar que continúe involucrada en la investigación.
Segundo, dijo que la funcionaria fue puesta a disposición de Recursos Humanos, y que se ha iniciado un proceso de investigación interna.
Por último, señaló que se realizarán pedidos de informes para investigar su trayectoria y funciones desempeñadas en el municipio donde trabajaba.
El presidente subrayó la importancia de mantener la confianza pública en las instituciones, señalando que este caso no solo afecta la imagen de la Cámara de Diputados, sino que también pone en entredicho la conducta de los servidores públicos en general.
Dejó en claro que buscarán aplicar sanciones ejemplares si las pruebas del Ministerio Público resultan contundentes. «La verdad es que es indignante», añadió, refiriéndose a la naturaleza del delito y el sufrimiento causado a los más vulnerables.
El presidente se comprometió también a dar celeridad al proceso de investigación y al sumario correspondiente, reiterando que es una prioridad para la Cámara de Diputados.
Antecedentes
Es importante mencionar que las primeras investigaciones señalan que Anadelia Acosta sería una de las figuras claves en el esquema mediante el cual se desviaron G. 725 millones de los G. 800 millones que la ANDE otorgó como indemnización a dos familias de escasos recursos que sufrieron la pérdida de sus seres queridos en un accidente laboral.
Se ha revelado que al menos ocho personas, entre ellas Acosta Armoa, estarían implicadas en esta apropiación indebida. Fuente: Diputados
