El agente fiscal, Federico Delfino, formuló imputación por los hechos punibles coacción, estafa y asociación criminal en contra de Luis Esteban Cañete Torres, Milciades Senen Cañete Grance, Victor Pantaleón Valiente Piris, Dahiana Katherine Recalde Coronel, Yamile Belén Caballero Peralta, Jonathan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga y solicitó la prisión preventiva como medida cautelar para los investigados.
Según los antecedentes, el 8 de mayo de 2024, el Departamento de Antisecuestros informó al Ministerio Público sobre la presunta creación de un grupo criminal liderado por Luis Esteban Cañete Torres, destinado a amañar partidos de fútbol organizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) con fines de apuestas deportivas.
Cañete Torres contó con el apoyo de Milciades Senen Cañete Grance, encargado de los pagos a jugadores, y Víctor Pantaleón Valiente Piris, quien reclutaba jugadores para influir en los resultados.
Se reporta que Cañete Torres y su equipo contactaron en varias ocasiones con futbolistas profesionales como Dahiana Katherine Recalde Coronel (Club 2 de Mayo), Yamile Belén Caballero Peralta (Club Sol de América) y Jonatan Darío Martínez Jara (Atlántida de Barrio Obrero), quienes a su vez contactaron a otros jugadores para “ir a menos” durante los partidos oficiales de la APF.
Este esquema se sustentaba en el pago de incentivos económicos, siendo una de las jugadoras involucradas Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga (Sol de América), quien habría aceptado sobornos y reducido su rendimiento en partidos, afectando al club.
Además, se menciona que Cañete Torres contactó a jugadores del Club Gral. Caballero de Juan León Mallorquín, a quienes ofreció sumas en dólares y guaraníes para disminuir su rendimiento y favorecer a sus rivales en apuestas deportivas. Cuando algunos jugadores no cumplieron con lo pactado, Cañete Torres exigió la devolución del dinero e impuso amenazas contra ellos y sus familias.
Hoy se realizaron allanamientos y lograron incautar celulares, agendas y cuadernos que documentan pagos y ganancias, evidenciando las actividades de la organización criminal. Este esquema ha causado perjuicio económico y deportivo a la APF y las empresas de apuestas, afectando la integridad de las competiciones y la confianza de los aficionados y apostadores.
