Se trata del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que fusiona tres instituciones ya existentes y que son calificados como «ineficientes y hasta corruptos» donde los documentos «corren» solo a través de «gestores» que cobran grandes sumas, según denuncian los afectados. Se trata de Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG).
Los escribanos, notarios y agrupaciones campesinas reclamaron la falta de debate
La normativa contiene más de 200 artículos, de los cuales, 99 tienen tratamiento de código, es decir quedan, así como se envió del Poder Ejecutivo y no serán tocados, mientras 104 artículos si están siendo modificados uno a uno y se adhiere 14 nuevos al proyecto.
De acuerdo a los dictámenes de comisiones que sugieren la aprobación, con esta ley se elimina la figura de los famosos «gestores» y la «burocracia», y que el sistema actual no puede continuar.
Con la creación del RUN se va a simplificar la inscripción de los inmuebles y bajan los costos de transacción. Además, se solucionará paulatinamente la superposición de los títulos y se evitará nuevos casos.
Se busca igualmente dirimir conflictos en ámbito administrativo y evitar en ámbito judicial que atenderá solo en los casos de títulos superpuestos donde no haya acuerdo entre las partes.
¿Que cuestionan desde la oposición?
El principal cuestionamiento es que el RUN pase a depender del Poder Judicial, una institución corrupta y en mora permanente con la ciudadanía, como ejemplo, citan que el 80% de los presos no tienen condena por la ineficiencia del Poder Judicial.
Creen además que se crea con el fin recaudatorio y no para resolver la problemática de la tenencia de las tierras que hoy se concentran en manos de unos pocos.
