El fiscal Víctor Adolfo Santander imputó a tres supuestos líderes de la Federación Nacional Campesina de la colonia Toryvete de Hernandarias y pidió la rebeldía de todos ellos. Los sospechosos están identificados como Marcial Acosta Garayo, Eusebio Ayala Brítez y Rómulo Duarte Paredes, quienes enfrentan cargos por invasión de inmueble ajeno y se encuentran actualmente prófugos de la Justicia.
De acuerdo con la investigación, el 8 de agosto de 2024, los tres imputados, junto con aproximadamente 50 personas, ingresaron clandestinamente a un inmueble, cuya matrícula es K01/9565, ubicado en el distrito de Hernandarias. Allí levantaron construcciones precarias de madera y carpa con la intención de instalarse en el lugar.
La propiedad en cuestión se encuentra registrada a nombre de la firma Agroganadera Santa Felicidad S.A. y está actualmente bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados (SENABICO) desde abril de 2024, por disposición del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado.
El hecho fue denunciado por un vecino, quien alertó a la Policía sobre el atropello a la finca perpetrado por un grupo de unas 50 personas, que incluía hombres, mujeres y niños. Los presuntos invasores se identificaron como miembros de la Federación Nacional Campesina, quienes en el momento del hecho portaban machetes y palos de madera.
Luego, los miembros de la fuerza pública verificaron el hecho y constataron la presencia de los invasores, quienes, al ser informados de la denuncia, se negaron a identificarse. Posteriormente, los intervinientes realizaron las primeras intervenciones en el área afectada.
Según los antecedentes, el ataque a la finca comenzó semanas antes. El 13 de junio de 2024, el administrador del lugar, Martín Cabral Gosling, ya había denunciado la ocupación parcial de la finca por parte de personas autodenominadas como “sin tierra”, quienes se habían instalado en un sector del inmueble
El 17 de julio de 2024, funcionarios del Ministerio Público se constituyeron en el lugar, donde confirmaron la construcción de varios ranchos precarios de madera y carpa por parte de los ocupantes. Se les informó que se trataba de una propiedad privada administrada por la SENABICO, y se les entregó la documentación pertinente.
En un operativo posterior, realizado el 7 de agosto de 2024, el Ministerio Público, con agentes de la Policía Nacional, funcionarios de Derechos Humanos y representantes de la SENABICO, llevaron a cabo un procedimiento de cese de hecho punible y rectificación de conducta. En esta intervención, al no encontrarse personas en el lugar, se procedió a la entrega formal de la propiedad a la SENABICO.
Sin embargo, el 8 de agosto de 2024, el grupo de ocupantes regresó clandestinamente al sitio. A raíz de este nuevo hecho, la Fiscalía ordenó la detención preventiva de los tres supuestos líderes campesinos y finalmente presentó la imputación con el pedido de declaración de rebeldía.
